Luego de una jornada marcada por negociaciones contrarreloj, el Gobierno y los bloques dialoguistas del Senado alcanzaron este martes un acuerdo que destrabó el tratamiento de la reforma laboral, una de las iniciativas centrales del paquete impulsado por el Poder Ejecutivo. El proyecto será debatido este miércoles desde las 11 en sesión extraordinaria y, si no surgen cambios de último momento, obtendría media sanción para ser girado de inmediato a la Cámara de Diputados.
El entendimiento incluyó modificaciones sustanciales al dictamen de mayoría promovido en diciembre por la titular del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich. Entre los cambios acordados figuran la eliminación de la rebaja del Impuesto a las Ganancias para grandes empresas, ajustes en el esquema de aportes compulsivos a sindicatos y cámaras empresariales, la preservación de los recursos destinados a las obras sociales y una reformulación del Fondo de Asistencia Laboral.
Fuentes parlamentarias señalaron que las concesiones aceptadas por el oficialismo resultaron determinantes para garantizar el respaldo de los bloques dialoguistas y asegurar los votos necesarios en el recinto. En la reunión de Labor Parlamentaria previa a la sesión, los jefes de bancada acordaron además acotar el debate en particular y avanzar por títulos, con el objetivo de reducir el tiempo de discusión y evitar tensiones innecesarias en una votación considerada sensible.
Los puntos clave del acuerdo
Uno de los cambios más relevantes fue la eliminación del artículo que proponía reducir del 30% al 27% la alícuota del Impuesto a las Ganancias para grandes empresas. La decisión fue celebrada por las provincias y por el Gobierno nacional, ya que garantiza mayores recursos fiscales.
En materia de obras sociales, se mantendrá la contribución patronal del 6% sobre la remuneración de los trabajadores en relación de dependencia, descartando la reducción al 5% prevista en la versión original. Además, la Superintendencia de Servicios de Salud quedará facultada para auditar el destino de esos fondos.
Respecto de las cuotas sindicales, se eliminó el artículo que habilitaba a los empleadores a actuar como agentes de retención con autorización expresa del trabajador. En paralelo, se fijó un tope del 0,5% para los aportes a cámaras empresariales y del 2% para asociaciones de trabajadores, aplicable tanto a afiliados como no afiliados. Desde enero de 2028, los aportes patronales a cámaras empresarias pasarán a ser voluntarios.
El proyecto también ratifica la continuidad de la Justicia Nacional del Trabajo hasta que se concrete la transferencia de competencias a la Ciudad de Buenos Aires, y mantiene bajo la órbita federal las materias laborales de ese fuero.
En cuanto a las contribuciones patronales destinadas a la Seguridad Social, se establece una reducción de un punto porcentual para grandes empresas y de 2,5 puntos para pymes, con posibilidad de ampliación previa aprobación legislativa.
El Fondo de Asistencia Laboral (FAL) contemplará una contribución obligatoria del 1% para grandes empresas y del 2,5% para pymes, con opción de incremento sujeta al cumplimiento de metas fiscales y aval de una comisión bicameral. Asimismo, se habilita el pago en cuotas de sentencias judiciales —hasta seis para grandes empresas y hasta doce para pymes— y se regulan los mecanismos de intervención ante discrepancias médicas entre trabajador y empleador.
La iniciativa también dispone que los salarios deberán abonarse exclusivamente mediante acreditación en cuentas bancarias oficiales, dejando de lado el pago por billeteras virtuales, y fija un plazo de 180 días hábiles para que los sectores con estatutos especiales adecuen su normativa a la nueva ley.
Con estas modificaciones, el oficialismo confía en obtener la media sanción en una sesión que buscará ser ágil y ordenada. La reforma laboral se encamina así a superar su primer test legislativo en el Senado, en medio de un delicado equilibrio entre las demandas fiscales del Gobierno y las exigencias de los sectores sindicales y empresariales.