El Senado de la Nación aprobó durante la madrugada de este viernes la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental, con 42 votos afirmativos y 21 negativos. El proyecto, impulsado por el Gobierno nacional y modificado durante las negociaciones parlamentarias, obtuvo media sanción y será girado a la Cámara de Diputados para continuar su tratamiento.
La iniciativa introduce modificaciones a la Ley 26.657, vigente desde 2010, y plantea cambios en los criterios para disponer internaciones involuntarias, la intervención de los equipos profesionales, el abordaje de las adicciones y las responsabilidades de financiamiento entre la Nación y las provincias.
Uno de los principales cambios está relacionado con las condiciones para internar a una persona sin su consentimiento. Actualmente, la legislación contempla esta posibilidad de manera excepcional cuando existe un riesgo cierto e inminente para la propia persona o para terceros, y no hay alternativas terapéuticas disponibles.
El texto aprobado por el Senado propone reemplazar ese criterio por el de riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros. De esta manera, amplía las circunstancias que podrán ser consideradas por los profesionales al momento de evaluar una internación involuntaria.
Qué cambia en las internaciones involuntarias
La reforma establece modificaciones en el procedimiento para disponer una internación sin consentimiento. En situaciones de emergencia, un médico podrá indicar inicialmente la medida, que deberá ser revalidada por un equipo interdisciplinario dentro de las 48 horas.
Para la evaluación se prevé la participación de un médico, preferentemente psiquiatra o con formación en salud mental, junto con un profesional de psicología.
Además, se habilita la posibilidad de realizar teleconsultas con especialistas cuando no estén disponibles en el lugar de atención, con el propósito de facilitar la intervención profesional en localidades que cuentan con menor disponibilidad de recursos especializados.
La iniciativa mantiene la intervención de la Justicia y del órgano de revisión. Las internaciones involuntarias deberán ser comunicadas al juez competente, quien podrá evaluar sus fundamentos, solicitar informes y disponer la externación cuando no se cumplan las condiciones establecidas.
Otro aspecto incorporado es la elaboración de un plan de egreso desde el inicio del tratamiento, con el objetivo de organizar la salida de la institución y garantizar la continuidad de la atención.
También se establecen mecanismos específicos de revisión para las internaciones que superen los 180 días, de manera continua o acumulada dentro de un período de dos años.
Ludopatía y nuevas disposiciones para la atención de menores
La reforma también amplía las disposiciones vinculadas con el abordaje de las adicciones. Entre las problemáticas contempladas expresamente se encuentra la ludopatía, relacionada con la pérdida de control sobre las apuestas y los juegos de azar, incluidas las plataformas digitales.
Si bien la legislación vigente ya reconoce que las adicciones forman parte de las políticas de salud mental, la iniciativa busca ampliar su tratamiento y contemplar otras conductas problemáticas, más allá del consumo de sustancias.
En cuanto a niños, niñas y adolescentes, el proyecto establece pautas específicas para su atención. Prevé la intervención de equipos con formación en salud mental infantojuvenil y dispone que, cuando sea necesaria una internación, permanezcan en espacios diferenciados de los destinados a personas adultas.
También incorpora criterios relacionados con la autonomía progresiva, el derecho a ser escuchados y la confidencialidad durante los tratamientos.
Qué pasará con los establecimientos especializados
Otro de los puntos abordados durante el debate fue el funcionamiento de los establecimientos especializados en salud mental.
El proyecto mantiene la prohibición de crear nuevos manicomios y de desarrollar prácticas manicomiales, aunque contempla la posibilidad de realizar internaciones tanto en hospitales generales como en centros especializados en psiquiatría y salud mental.
Por lo tanto, la reforma no establece el cierre automático de los establecimientos existentes, sino que introduce modificaciones en las modalidades de atención.
Asimismo, contempla dispositivos alternativos a la internación, como tratamientos ambulatorios y domiciliarios, hospitales de día y casas de convivencia, para favorecer la atención dentro del entorno comunitario cuando sea posible.
El financiamiento, uno de los ejes del debate
La distribución de los recursos necesarios para implementar la reforma fue uno de los principales temas de discusión durante la sesión. Legisladores de distintos bloques plantearon la necesidad de garantizar fondos para que las provincias puedan cumplir con las nuevas responsabilidades.
La presidenta de la Comisión de Salud, Ivana Arrascaeta, defendió la iniciativa y sostuvo que los cambios permitirán intervenir antes de que las situaciones de padecimiento mental alcancen mayores niveles de gravedad.
En contraposición, el senador Guillermo Andrada cuestionó que las dificultades de aplicación de la ley vigente se atribuyan a sus principios y señaló la falta de recursos como uno de los principales problemas.
En la misma línea, Gerardo Zamora advirtió sobre las nuevas obligaciones que asumirían las provincias sin garantías suficientes de financiamiento. «Sin recursos no hay salud, no hay federalismo y no hay salud», expresó.
Por su parte, el senador radical Maximiliano Abad consideró que el texto mejoró respecto de la propuesta original, aunque manifestó diferencias sobre la permanencia de los hospitales monovalentes especializados.
El senador nacional por Misiones, Carlos Arce, acompañó el dictamen y puso el acento en la necesidad de garantizar los recursos económicos y operativos para la aplicación de la normativa en cada jurisdicción.
«Cada provincia debe contar con los medios necesarios para cumplir con esta Ley de Salud Mental y garantizar así que su población reciba la atención que necesita», sostuvo.
Al cierre del debate, la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, defendió el carácter excepcional de las internaciones involuntarias y planteó que la reforma apunta a fortalecer la prevención. También sostuvo que los hospitales especializados no deben ser considerados manicomios.
Los principales puntos de la reforma
Entre las modificaciones contempladas en el proyecto aprobado por el Senado se destacan:
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Internaciones involuntarias: se reemplaza el criterio de riesgo cierto e inminente por el de riesgo grave de daño para la vida o la integridad física.
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Intervención médica: en situaciones de emergencia, un médico podrá indicar inicialmente la internación.
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Evaluación interdisciplinaria: la decisión deberá ser revalidada por un equipo interdisciplinario dentro de las 48 horas.
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Teleconsultas: se habilita la consulta a distancia con especialistas.
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Control judicial: se mantiene la comunicación obligatoria de las internaciones a la Justicia.
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Plan de egreso: se prevé organizar la externación y la continuidad del tratamiento desde el inicio de la atención.
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Adicciones: se incorpora expresamente la ludopatía dentro de las problemáticas contempladas.
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Atención de menores: se establecen equipos especializados y espacios de internación diferenciados de los destinados a adultos.
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Financiamiento: se incorporan mecanismos de cooperación económica entre la Nación y las provincias.
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Establecimientos especializados: se mantiene la prohibición de crear nuevos manicomios.
Con la votación favorable en el Senado, el proyecto obtuvo media sanción y ahora deberá ser analizado por la Cámara de Diputados. Allí continuará el debate legislativo antes de una eventual sanción definitiva.