Con 56 votos a favor, ocho en contra y dos abstenciones, la Cámara alta dio media sanción a la iniciativa que busca acotar la validez de los Decretos de Necesidad y Urgencia. El texto establece un plazo de 90 días para su tratamiento y la exigencia de aprobación por mayoría absoluta en ambas Cámaras. Desde el oficialismo anticipan un eventual veto presidencial.
El Senado de la Nación aprobó este jueves un proyecto de ley que establece nuevos límites para la utilización de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del Poder Ejecutivo. La iniciativa, impulsada por bloques opositores, recibió 56 votos afirmativos, ocho negativos y dos abstenciones, y fue girada a la Cámara de Diputados para su tratamiento.
El texto modifica el régimen vigente, instaurado en 2006 por impulso de Cristina Kirchner, al fijar que los DNU deberán ser convalidados por ambas Cámaras “con mayoría absoluta” en un plazo de 90 días corridos. En caso contrario, perderán validez. Lo mismo ocurrirá si uno de los cuerpos legislativos los rechaza, salvo en lo relativo a derechos adquiridos durante su vigencia. Además, cada decreto deberá referirse a un área específica, con el fin de evitar disposiciones que incluyan múltiples materias en un solo texto.
Durante el debate, la presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, Alejandra Vigo (peronismo disidente), sostuvo que “los DNU son instrumentos de excepción que contravienen la idea de separación de poderes”, y consideró que la reforma permitirá “atenuar el presidencialismo que guio a la reforma constitucional de 1994”.
Desde la UCR, Pablo Blanco celebró que el Congreso avance “después de mucho tiempo” en corregir “la pésima costumbre que varios gobiernos han tenido sobre el uso y abuso de los DNU”, señalando tanto a la gestión actual como a las anteriores.
En la misma línea, la senadora riojana Florencia López (peronismo) destacó: “Queremos reivindicar facultades que son propias del Congreso. Si hoy no votamos esta reforma, no somos dignos de volver a nuestras provincias”.
Otra de las intervenciones centrales fue la de Lucila Crexell (Provincias Unidas), quien cuestionó la ley 26.122 y recordó que “los DNU fueron metidos por la ventana” en la reforma constitucional de 1994. A su turno, la porteña Guadalupe Tagliaferri (Pro) enfatizó: “No puede ser más fácil aprobar un DNU que una ley. Si estaba mal antes, lo está ahora”.
En cambio, el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche (Jujuy), defendió la herramienta al advertir que “sirvió a todos los gobiernos, sin obstáculos”, y acusó a la oposición de buscar debilitar al Presidente en un escenario de minoría parlamentaria.
La iniciativa, que afecta directamente al esquema de gobierno por decretos impulsado por Javier Milei —cuya norma insignia es el DNU 70/23 de desregulación económica—, podría enfrentar un veto presidencial en caso de ser sancionada por Diputados.