Durante la sesión, el principal rechazo vino del bloque del Frente de Todos, liderado por el senador José Mayans. A pesar de la oposición, el oficialismo logró avances clave gracias al respaldo de sectores dialoguistas y el liderazgo de la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel. El modelo adoptado se basa en el sistema mendocino, inspirado en el utilizado en Córdoba, que emplea una única papeleta para todas las categorías electorales. La principal diferencia radica en la disposición de los cargos en forma horizontal y los partidos en filas verticales, lo que facilita su adaptación.
Entre los cambios más relevantes se destaca la eliminación del casillero para votar lista completa en las elecciones generales, y la extensión del período de campaña de 50 a 60 días. Además, las listas de candidatos deberán presentarse 70 días antes de las elecciones primarias, en lugar de los 50 actuales, y las alianzas electorales se conformarán con 80 días de anticipación.
Debate y posturas encontradas
El senador Edgardo Kueider, del peronismo disidente y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, fue el encargado de exponer las modificaciones y destacó que el proyecto de BUP busca fortalecer la democracia argentina al garantizar la equidad en la competencia electoral. Kueider subrayó que “el 79% de los países en el mundo utilizan la boleta única, mientras que en Latinoamérica, solo Argentina y Uruguay siguen con el sistema tradicional”.
Sin embargo, el Frente de Todos expresó su rechazo. El senador Pablo Bensusán advirtió que una reforma de esta magnitud requiere un acuerdo amplio entre las fuerzas políticas y una planificación detallada. Por su parte, el senador radical Maximiliano Abad defendió el proyecto, señalando que “la Boleta Única es más transparente y evita prácticas fraudulentas como el robo de boletas o el ‘voto cadena'”.
Desde el PRO, Guadalupe Tagliaferri reconoció que el proyecto no cumple todas las expectativas, pero destacó el consenso logrado. Finalmente, Florencia López, del Frente de Todos, cerró el debate afirmando que el proyecto busca modificar un sistema que, según ella, funciona adecuadamente.
Con la aprobación del Senado, la última palabra la tendrá la Cámara de Diputados. Si no se sanciona antes de febrero, el proyecto perderá estado parlamentario, lo que complicaría los plazos para su implementación en las elecciones del próximo año.