En una sesión marcada por fuertes cruces ideológicos, el Senado de la Nación convirtió en ley este viernes el nuevo Régimen Penal Juvenil. Con 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención, la Cámara alta sancionó la reforma impulsada por la gestión de Javier Milei, que establece el descenso de la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años.
La flamante norma deroga la ley vigente desde 1980 y busca, según el oficialismo, dar una respuesta concreta a las víctimas de delitos cometidos por menores de edad.
La apertura del debate estuvo a cargo del presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, el oficialista Gonzalo Guzmán Coraita, quien sintetizó el espíritu del proyecto con una frase de alto voltaje: “Estamos frente a una jornada histórica”. Afirmó que la actual Ley de Minoridad rige desde 1980, “anterior a la reforma constitucional de 1994” y a la jerarquización de la Convención de los Derechos del Niño. En esa línea, defendió la idea de un régimen “moderno, integral y especializado”, con garantías del debido proceso para el adolescente.
Entre los puntos centrales, el nuevo régimen establece que, desde el inicio del proceso y hasta su finalización, niñas, niños y adolescentes gozan de los derechos y garantías de la Constitución Nacional y tratados internacionales; incorpora el derecho de padres o responsables a acceder a información sobre imputación y actos procesales; y fija como principios rectores la “protección integral de la víctima y sus familiares”, la “seguridad pública” y la “protección de la sociedad”.
La intervención de la asesoría tutelar correspondiente se vuelve obligatoria en procesos que involucren como imputada o víctima a una persona menor de 18 años. También se explicita que juez y Ministerio Público Fiscal deberán proteger “en todo momento” los derechos de víctimas y personas perjudicadas. En el mismo paquete aparece un punto sensible: los progenitores serán “responsables civilmente” por los ilícitos cometidos por sus hijos, conforme al Código Civil y Comercial.
