El panorama económico argentino se encuentra en la mira una vez más, mientras diversas consultoras ajustan sus estimaciones sobre la inflación de abril y anticipan un descenso en los índices de precios, aunque con advertencias sobre posibles repercusiones en el equilibrio fiscal del país.
Tras la implementación de medidas gubernamentales destinadas a controlar ciertos precios y mantener la tendencia de desaceleración, varias consultoras privadas han revisado ligeramente a la baja sus proyecciones iniciales. Se esperaba que la inflación de abril rondara entre el 8% y el 9%, pero las últimas estimaciones la sitúan entre el 4% y el 6%, gracias en parte a la postergación de aumentos en tarifas de servicios públicos.
Este martes se dará a conocer el dato oficial del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) para abril, y se espera que refleje la desaceleración de los precios, especialmente en rubros como Alimentos y Bebidas. La postergación del ajuste de precios regulados, como la luz y el gas, ha contribuido a mantener esta tendencia a la baja.
En el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) realizado por el Banco Central, se estima una inflación mensual del 9% para abril, lo que representa una reducción significativa respecto al mes anterior. Asimismo, las proyecciones para mayo también han disminuido, situándose en torno al 7,5%.
Empresas como Analytica y LCG han ajustado sus estimaciones a la baja, previendo una inflación de alrededor del 9,2% y 8% respectivamente para abril. Sin embargo, advierten sobre los riesgos fiscales asociados con la postergación de los aumentos en tarifas, lo que podría impactar negativamente en el resultado fiscal del Gobierno.
Aunque se anticipa una caída aún mayor en los índices de precios para mayo, los expertos advierten que el retraso en la actualización de tarifas podría tener consecuencias negativas en el largo plazo. La sostenibilidad económica depende en gran medida de la capacidad del Gobierno para mantener el equilibrio fiscal y tomar medidas que eviten distorsiones en los precios de servicios públicos.
En este contexto, la necesidad de una política de servicios públicos que sea tanto justa como sostenible se vuelve crucial. Los analistas destacan la importancia de actualizar las tarifas de manera equitativa, asegurando que aquellos que más lo necesitan reciban beneficios mientras se evitan distorsiones que puedan afectar la estabilidad fiscal del país.