El Gobierno nacional, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), confirmó la suspensión o baja de 80.080 Pensiones No Contributivas por Discapacidad Laboral. La medida, enmarcada en el plan de auditoría iniciado en febrero pasado, apunta a revisar el universo de más de un millón de beneficiarios. Según fuentes oficiales, el 60% de los titulares no asistió a las revisiones médicas obligatorias, lo que derivó en el freno del pago de beneficios y un ahorro estimado de $23.143 millones mensuales para el Estado.
La auditoría es liderada por Diego Spagnuolo, titular de la ANDIS, quien explicó que el objetivo es “garantizar que estas prestaciones lleguen a quienes realmente las necesitan”. Del total suspendido, 65.230 beneficios fueron detenidos por irregularidades detectadas, 8.207 personas renunciaron voluntariamente al subsidio y otras 6.643 pensiones fueron dadas de baja tras detectarse que sus titulares habían fallecido, aunque el beneficio seguía siendo cobrado por terceros.
Cada pensión representa un pago mensual de $289.000, compuesto por el 70% de la jubilación mínima ($219.000) más un bono de $70.000. En este contexto, desde el Gobierno proyectan que la cifra de bajas podría superar las 250.000 a medida que avancen las auditorías.
Desde la ANDIS señalaron que el procedimiento incluye notificaciones vía carta documento a cada beneficiario, con citaciones para control médico. Ante la falta de respuesta, se envían intimaciones y, como última instancia, el banco notifica la suspensión del pago. Si el beneficiario no se presenta a regularizar su situación, se avanza hacia la baja definitiva del subsidio.
En las auditorías se verifica la documentación médica y se exige la presentación del Documento Nacional de Identidad, el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y los certificados médicos correspondientes.
Entre las irregularidades detectadas, Spagnuolo destacó casos extremos como presos y prófugos percibiendo beneficios, diagnósticos falsos, radiografías utilizadas en trámites múltiples y hasta familiares de fallecidos que continuaban cobrando el subsidio. En total, se identificaron 212 presos y 331 prófugos entre los beneficiarios activos.
El titular de la ANDIS vinculó el aumento de beneficiarios a gestiones anteriores: “Entre 2003 y 2015, las pensiones crecieron de 80.000 a más de un millón, una cifra sin precedentes, incluso comparada con países que atravesaron conflictos bélicos”. Además, afirmó que durante el gobierno de Alberto Fernández el número ascendió nuevamente a 1.250.000.
En abril, el Gobierno nacional reglamentó el Decreto 842/2024, que endurece los requisitos para acceder y mantener las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral. La nueva normativa creó un Cuerpo Médico Evaluador bajo la órbita de la ANDIS, estableció la obligatoriedad de reinscripción y facultó a la agencia a suspender beneficios ante sospechas fundadas de fraude. Asimismo, se habilitó el intercambio de datos con ANSES, PAMI, AFIP y el Ministerio de Justicia.
“No se le quitará el beneficio a quien verdaderamente le corresponda, pero sí lo perderán quienes lo obtuvieron de manera fraudulenta”, advirtió Spagnuolo en declaraciones recientes. Desde la Casa Rosada sostienen que el reordenamiento apunta a transparentar el sistema y evitar que las pensiones sigan siendo utilizadas como herramienta política.
Las auditorías, ejecutadas por equipos médicos del PAMI y la ANDIS, continuarán en los próximos meses. Según adelantaron desde el organismo, las suspensiones actuales podrían transformarse en bajas definitivas al cierre del proceso, en función de la falta de respuesta de los beneficiarios o la detección de irregularidades.