En una votación decisiva, el Gobierno de Javier Milei logró mantener el veto a la ley de financiamiento universitario, que buscaba aumentar los salarios de docentes y no docentes en línea con la inflación desde enero. La Casa Rosada argumentó que la norma comprometía el equilibrio fiscal, uno de los pilares de su plan económico.
Con el respaldo del PRO, junto a algunos peronistas de Tucumán y apoyos clave de la Unión Cívica Radical (UCR), el oficialismo alcanzó 85 votos a favor del veto, mientras que la oposición solo logró reunir 160. La necesidad de dos tercios de los presentes para anular un veto presidencial hizo que las ausencias y abstenciones fueran cruciales en la definición.
La intervención de Mauricio Macri fue fundamental para consolidar la posición del PRO, que enfrentaba tensiones internas. A pesar de la presión por la crisis con los gremios docentes, la mayoría del bloque, liderado por Cristian Ritondo, decidió respaldar al Gobierno. Solo algunos legisladores, como Álvaro González y Héctor Baldassi, votaron con la oposición.
Ritondo defendió la decisión del bloque, argumentando que el ajuste fiscal es vital para la estabilidad económica del país. «No negociamos el cambio», afirmó, subrayando que la prioridad del Gobierno es desactivar lo que él denominó «una bomba de tiempo».
Entre los libertarios, aunque se mantuvieron firmes con sus 39 votos, la diputada Lourdes Arrieta se alineó con la oposición al votar a favor del financiamiento universitario. La ausencia de otros legisladores también influyó, como en el caso de Oscar Zago, quien se encontraba de viaje.
La UCR, principal impulsora del proyecto de financiamiento, mostró divisiones internas similares a las que se evidenciaron en debates previos. Varios radicales optaron por abstenerse, lo que benefició al oficialismo en el conteo de votos.
El rol de los gobernadores fue clave en esta decisión. Osvaldo Jaldo de Tucumán y Carlos Rovira de Misiones instruyeron a sus bloques a apoyar el veto, mientras que otros gobernadores, como Marcelo Orrego de San Juan, optaron por la oposición, destacando la importancia de la educación pública en su jurisdicción.
En un esfuerzo por ampliar el consenso, el Gobierno anunció un aumento en la Garantía Salarial Docente, buscando así apaciguar a los gremios. A pesar de los reclamos por una mejora en los salarios, el oficialismo se mantuvo firme en su postura de no aumentar los costos por encima de lo establecido.
La oposición, que se unió en su rechazo al veto, aprobó una serie de emplazamientos a comisiones para tratar otros proyectos de reforma relacionados con el manejo de Decretos de Necesidad y Urgencia. Las reuniones informativas están programadas para los próximos días, mientras el debate sobre la educación y su financiamiento continúa en el centro de la agenda política. Infobae