El Gobierno nacional dispuso la prórroga de la emergencia sanitaria y del congelamiento de las contribuciones patronales que deben abonar las escuelas privadas, ambas medidas con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026. Las decisiones fueron oficializadas a través de los decretos 942/2025 y 939/2025, publicados en el Boletín Oficial.
En el caso de la emergencia sanitaria, el decreto introdujo modificaciones relevantes en las competencias del Ministerio de Salud. Entre los cambios más destacados, se habilitó una cooperación formal con el Ministerio de Seguridad Nacional para la creación de un sistema de análisis de evidencia sanitaria, toxicológica y epidemiológica vinculada a productos sujetos a fiscalización, con el objetivo de reforzar la prevención y el control del uso de sustancias químicas.
En ese marco, la cartera que conduce Mario Lugones participará en estrategias intersectoriales orientadas a la lucha contra el narcotráfico, mediante el intercambio de información, la coordinación operativa y el fortalecimiento de los mecanismos de control. La iniciativa apunta a integrar datos sanitarios y epidemiológicos en las políticas de seguridad.
Asimismo, la normativa sustituyó el inciso 39 del artículo 23 de la Ley de Ministerios y asignó al Ministerio de Salud la responsabilidad exclusiva sobre el diseño, la coordinación y la ejecución de las políticas públicas en materia de discapacidad y rehabilitación integral. También quedarán bajo su órbita los procesos de otorgamiento y control de las pensiones por invalidez y otras prestaciones vinculadas.
En línea con esta redefinición institucional, el decreto confirmó la creación de la Secretaría Nacional de Discapacidad, que absorberá las funciones, recursos y compromisos de la disuelta Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Tal como se había anticipado, el nuevo organismo dependerá directamente del Ministerio de Salud.
Educación: escuelas privadas
En paralelo, el Ejecutivo prorrogó el congelamiento de los aumentos en las contribuciones patronales que deben afrontar las escuelas privadas. Según explicaron fuentes oficiales, la medida busca evitar un incremento en los fondos que las provincias destinan a estos establecimientos, dado que el aporte estatal no solo cubre los salarios docentes, sino también las contribuciones patronales asociadas.
“El incremento de las contribuciones patronales generaría un aumento importante en las partidas presupuestarias de las provincias”, señalaron desde el Gobierno, al destacar que un alto porcentaje de las instituciones educativas privadas cuenta con subsidios estatales.
La disposición también alcanza a los establecimientos que no reciben aportes del Estado. En esos casos, el Ejecutivo advirtió que una suba de las contribuciones se trasladaría a las cuotas que pagan las familias, lo que podría afectar la economía de los hogares que optan por este tipo de educación.
Desde el Gobierno recordaron que el artículo 24 de la Ley N° 27.541, de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, habilita la prórroga de estos beneficios cuando la situación económica del sector así lo requiere, siempre que existan informes técnicos favorables del Ministerio de Educación y del Ministerio de Economía.
De esta manera, los empleadores titulares de establecimientos incorporados a la enseñanza oficial, comprendidos en las Leyes N° 13.047 y N° 24.049, mantendrán las alícuotas vigentes hasta la nueva fecha límite.
La normativa también advirtió que la aplicación plena del Capítulo 3 de la legislación hubiera provocado incrementos aún mayores en las provincias alejadas de los grandes centros urbanos, profundizando las desigualdades y afectando la prestación educativa en zonas socialmente más vulnerables.
“El principal costo operativo y financiero de los establecimientos educativos de gestión privada está representado por el componente salarial, que incluye las contribuciones patronales”, sostuvieron fuentes oficiales. Por ese motivo, durante todo 2026 se mantendrá el esquema de contribuciones vigente en 2019, tal como lo establecen la Ley N° 27.541 y las modificaciones introducidas por la Ley N° 27.430 para este universo de empleadores.