El Poder Ejecutivo dispuso la extensión por 24 meses de la emergencia en el sistema penitenciario federal, en el marco de una situación de sobrepoblación que continúa tensionando la capacidad operativa de las unidades carcelarias del país.
La medida fue oficializada mediante la Resolución 439/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, publicada en el Boletín Oficial, y responde al incremento sostenido de la población detenida alojada en el Servicio Penitenciario Federal (SPF).
Según datos oficiales, el SPF registra actualmente 12.248 personas privadas de libertad, lo que representa un excedente del 6% respecto de su capacidad operativa máxima, estimada en 10.932 plazas.
El informe técnico que acompaña la resolución advierte sobre una presión constante en el sistema penitenciario, evidenciada por el ingreso de más de 15.000 nuevos detenidos entre fines de 2023 y marzo de 2026. A ello se suma una demanda insatisfecha de alojamiento: 5.073 personas permanecen detenidas a la espera de una vacante para ser trasladadas a establecimientos federales.
En cuanto a la composición de la población carcelaria, el 61,83% corresponde a internos con condena firme, mientras que el 38,17% se encuentra bajo proceso judicial sin sentencia definitiva.
Uno de los factores señalados como determinante del colapso del sistema es el retraso en el traspaso de competencias de la Justicia Penal Ordinaria al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En ese contexto, el SPF mantiene alojadas a 5.983 personas vinculadas a causas ordinarias porteñas, lo que representa casi la mitad del total de la población penitenciaria federal.
La prórroga de la emergencia busca garantizar la continuidad operativa del sistema ante un escenario de creciente saturación estructural, mientras se mantienen pendientes soluciones de fondo vinculadas a la expansión de la infraestructura y la reorganización jurisdiccional del sistema penal.