La Oficina del Presidente de la República anunció hoy que el Gobierno nominará al juez federal Ariel Lijo y al jurista Manuel García-Mansilla para ocupar dos lugares en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Estos nombramientos responden al plan de Javier Milei de cubrir la vacante dejada por la jubilación de la jueza Elena Highton de Nolasco con el juez Lijo, y anticipar la designación de García-Mansilla, actual decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, para ocupar el lugar que dejará a fin de año el juez Juan Carlos Maqueda, quien cumplirá 75 años en diciembre.
Estas nominaciones no solo tienen implicaciones legales, sino que también constituyen un mensaje político de Milei hacia la cúpula del Poder Judicial. Aunque el Presidente había sugerido que estas decisiones serían tomadas en acuerdo con los miembros de la Corte Suprema, la resolución sobre los nombres y la forma de comunicarlos fue decidida por la Casa Rosada con poca participación del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien no obstante deberá respaldar la medida oficial. Tampoco se consultó ampliamente con tres de los cuatro jueces de la Corte.
En cuanto a la nominación de Lijo, se destaca su prominente carrera judicial en el ámbito penal, mientras que García-Mansilla es reconocido como un prestigioso académico con sólida formación en derecho constitucional.
La decisión de anticipar la nominación de García-Mansilla obedece a la intención de evitar que, al finalizar el año, la Corte vuelva a encontrarse con solo cuatro miembros. En este sentido, el comunicado oficial expresa el agradecimiento al Dr. Maqueda por su extensa trayectoria en los tres poderes del Estado Nacional y en la Provincia de Córdoba.
Es importante mencionar que, en línea con la decisión oficial de omitir una agenda de género, el Gobierno no contempló la posibilidad de postular a una mujer, basándose en criterios políticos e ideológicos para la selección de los nominados.
Ahora, tanto Lijo como García-Mansilla deberán obtener el acuerdo del Senado para convertirse en jueces de la Corte, lo que requiere una mayoría calificada de dos tercios, según lo establece la Constitución. Con información de La Nación