El Ejecutivo analiza modificar las reglas de ingreso, evaluación, ascensos, movilidad y remuneraciones en la Administración Pública Nacional. La implementación podría realizarse por vía administrativa, aunque requeriría cambios en el convenio colectivo. Desde ATE aseguran que todavía no fueron convocados para discutir la iniciativa.
El Gobierno nacional avanza en el diseño de una reforma del empleo público y analiza abrir una instancia de negociación con los gremios para modificar aspectos de la carrera dentro de la Administración Pública Nacional.
La propuesta contempla cambios en los mecanismos de ingreso y permanencia, la evaluación del desempeño, los ascensos, la movilidad entre áreas y la composición de los salarios en función de las tareas y los resultados. El objetivo oficial es avanzar con el nuevo esquema antes de fin de año, aunque desde el Ejecutivo reconocen que su implementación dependerá de modificaciones en el convenio colectivo.
Según explicaron fuentes de la administración nacional, la reforma podría instrumentarse por vía administrativa y no necesariamente requeriría una ley específica. Sin embargo, admiten que primero deberán modificarse determinados aspectos del convenio colectivo.
La negociación todavía no comenzó formalmente. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) señalaron que, hasta el momento, no recibieron una convocatoria para discutir cambios en la carrera de los empleados de la Administración Pública central.
Desde el gremio indicaron que las convocatorias realizadas hasta ahora estuvieron vinculadas con los convenios colectivos de organismos estatales alcanzados por la reforma laboral y regidos por la Ley de Contrato de Trabajo, entre ellos PAMI y ANSES. Esa situación no alcanza a la Administración Pública central.
El planteo del Gobierno
El presidente Javier Milei volvió a instalar el tema durante una entrevista y señaló que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, trabaja en una revisión de la carrera del sector público.
El planteo oficial apunta a revisar la clasificación de los agentes y otorgar un mayor peso al desempeño en el desarrollo de la carrera y en la determinación de las remuneraciones.
Entre los aspectos bajo análisis figuran los mecanismos de ingreso y permanencia, los criterios de evaluación, las condiciones para los ascensos y la movilidad entre distintas áreas de la administración. También se estudian las reglas relacionadas con las desvinculaciones.
De todos modos, desde el Gobierno aclaran que la propuesta todavía no está definida en su totalidad y que cualquier modificación deberá ajustarse al marco legal vigente.
Qué establece actualmente la normativa
El empleo público nacional se encuentra regulado principalmente por la Ley 25.164, el Convenio Colectivo de Trabajo General de la Administración Pública Nacional, homologado mediante el decreto 214/2006, y el convenio sectorial del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), homologado por el decreto 2098/2008.
La normativa vigente ya contempla mecanismos de selección destinados a acreditar la idoneidad de los empleados y establece criterios vinculados con el mérito, la eficiencia, la eficacia, el rendimiento y la capacitación.
Para obtener la estabilidad, el régimen general establece un período de prueba de 12 meses, evaluaciones satisfactorias y el cumplimiento de los requisitos correspondientes al puesto.
El sistema también contempla una relación entre evaluación y ascenso. En el SINEP, por ejemplo, la promoción de grado requiere acreditar determinadas evaluaciones de desempeño, además de cumplir con las actividades de capacitación previstas.
Por ese motivo, la discusión que impulsa el Gobierno no plantea incorporar las evaluaciones como una herramienta completamente nueva, sino modificar su funcionamiento y el peso que tienen dentro de la carrera administrativa.
La negociación con los sindicatos
Uno de los principales condicionantes para avanzar con la reforma es la negociación colectiva.
La Ley 24.185 establece que las condiciones laborales de los empleados de la Administración Pública Nacional son materia de negociación entre el Estado y las asociaciones sindicales con personería gremial, mediante comisiones negociadoras generales o sectoriales.
El convenio colectivo general también contempla que aspectos relacionados con la estructura de la carrera y el escalafón puedan ser discutidos mediante negociación colectiva sectorial.
El procedimiento permite que cualquiera de las partes solicite la apertura de una comisión negociadora y establezca las cuestiones que pretende discutir. En caso de alcanzar un acuerdo, este queda formalizado en un acta y posteriormente debe ser instrumentado por el Poder Ejecutivo mediante el acto administrativo correspondiente.
Sin embargo, la legislación también establece límites. La Ley 25.164 fija derechos y garantías mínimos para los trabajadores que no pueden ser reducidos en perjuicio de los empleados mediante una negociación colectiva.
Por eso, si una eventual reforma pretendiera modificar aspectos establecidos directamente por esa ley, el Gobierno necesitaría recurrir al Congreso. El esquema que actualmente analiza la Casa Rosada apunta a utilizar las herramientas reglamentarias y convencionales disponibles.
ATE reclama participación
Desde ATE ya habían advertido sobre la necesidad de que cualquier modificación del convenio colectivo se realice con participación de las organizaciones sindicales.
El gremio cuestionó además distintas medidas impulsadas por el Gobierno en relación con la Administración Pública. Por ahora, según señalaron desde el sindicato, no existe una convocatoria formal para negociar la reforma de la carrera administrativa.
En las negociaciones del SINEP realizadas durante este año participaron representantes del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Economía en representación del Estado, junto con representantes de UPCN y ATE.
Esa participación, sin embargo, no implica que haya comenzado formalmente la negociación específica de la reforma del empleo público que impulsa el Ejecutivo.
Una reforma diferente a la reorganización del Estado
La reforma de la carrera administrativa se desarrolla por un camino diferente al proceso de reorganización de organismos que prepara el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.
Ese segundo proceso contempla una revisión integral de organismos, competencias y estructuras, con la posibilidad de avanzar en eliminaciones, fusiones o transformaciones. Para esa iniciativa, el Gobierno prevé recurrir al Congreso.
La diferencia responde también a cuestiones jurídicas. La estructura orgánica de la Administración Pública y las facultades de dirección del Estado están excluidas de las materias sujetas a negociación colectiva, mientras que aspectos vinculados con la carrera, el escalafón y determinadas condiciones laborales sí pueden ser discutidos con los sindicatos.
De esta manera, el Gobierno busca avanzar por vías diferentes con dos objetivos vinculados a la administración estatal: por un lado, reorganizar la estructura de los organismos y, por otro, modificar las reglas que regulan la carrera y las condiciones laborales de los empleados públicos.