El gobierno nacional avanza en una profunda reforma del Ministerio de Seguridad que contempla, como medida central, la creación de una Policía Migratoria, destinada a profesionalizar y reforzar el control de ingresos y salidas en los pasos fronterizos del país.
Actualmente, estas funciones están a cargo de la Dirección Nacional de Migraciones, cuyos agentes son civiles. Bajo el nuevo esquema, serán realizadas por personal entrenado en tareas policiales, con capacidad para operar tanto en los pasos habilitados como en cruces irregulares. Además, se prevé redefinir el rol de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que hasta ahora concentra sus operaciones casi exclusivamente en aeropuertos.
Fuentes oficiales indicaron que la reforma busca aproximar el funcionamiento del Ministerio de Seguridad a modelos internacionales, como el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (Homeland Security), adaptado a la realidad económica y operativa argentina. El proyecto también contempla ampliar la acción estatal en delitos fronterizos, ciberseguridad, monitoreo de redes, prevención del terrorismo y respuesta ante emergencias.
Otro eje de la reforma es la reconfiguración de la Policía Federal Argentina (PFA), incluyendo la creación de un cuerpo especializado en la investigación de delitos complejos a nivel federal, inspirado en organismos como el FBI. Según fuentes oficiales, la intención es que la PFA enfoque sus recursos en investigaciones de alta complejidad, mientras que tareas de patrullaje podrían pasar a manos de policías provinciales.
En el ámbito de la ciberseguridad, el proyecto busca centralizar ciertas funciones bajo el Ministerio de Seguridad, aun cuando actualmente dependen de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Una fuente explicó que muchas empresas víctimas de ataques informáticos no denuncian ante la SIDE por temor o prejuicios, lo que limita la efectividad de la prevención y la respuesta estatal.
La creación de la Policía Migratoria también pretende aliviar la carga operativa de Gendarmería y Prefectura en los pasos internacionales y garantizar que agentes capacitados puedan detener a personas con alertas internacionales, algo que hoy resulta difícil para el personal civil de Migraciones.
El proyecto fue diseñado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en coordinación con Santiago Caputo y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y cuenta con el respaldo del actual ministro del Interior, Diego Santilli. Bullrich tomará posesión de su banca en el Senado, y su sucesora, Alejandra Monteoliva, apoyará la continuidad de las reformas.
Entre los objetivos declarados, los funcionarios destacan la necesidad de organizar y centralizar información estratégica para prevenir y combatir el crimen organizado, evitando la dispersión de datos que actualmente limita la eficacia de los organismos de seguridad.
Finalmente, fuentes del gobierno adelantaron que el Ministerio de Seguridad podría cambiar de nombre en 2026, reflejando la ampliación de sus competencias y el alcance de la reorganización.