La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó este viernes la baja de la Asignación Mensual Vitalicia y la Pensión que percibía la expresidente Cristina Fernández de Kirchner. La medida, publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 1092/2024, fundamenta que la conducta judicialmente condenada de la ex mandataria es “incompatible” con los beneficios estipulados en la Ley N° 24.018.
La decisión judicial que desencadenó la resolución
La determinación surge tras la confirmación de la condena de Fernández de Kirchner por parte de la Sala IV de la Cámara de Casación Penal Federal. El fallo ratificó la sentencia de diciembre de 2022, que impuso seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, tras encontrarla culpable del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
El texto de la resolución gubernamental subraya que estos beneficios, previstos en la normativa para ex presidentes y vicepresidentes, solo son válidos en casos de “buen desempeño en el cargo”.
Argumentos del Gobierno
“La asignación, en tanto premio o retribución, resulta jurídicamente incompatible con una conducta deshonrosa”, sostiene el documento oficial, citando antecedentes como la Ley N° 26.475, que revocó beneficios a miembros del gobierno de facto de 1976-1983 por actuar contra el sistema democrático.
Además, el Gobierno señaló que la “conducta delictual contra la administración pública” compromete la dignidad requerida para acceder a una jubilación de privilegio, en línea con los estándares éticos y jurídicos establecidos por el Congreso Nacional.
Un revés más en la carrera judicial de Cristina Fernández de Kirchner
La medida representa otro golpe para la expresidente, quien ya enfrenta limitaciones políticas por la inhabilitación para cargos públicos. Desde la confirmación de su condena, las implicancias legales y políticas continúan marcando su futuro.
Mientras tanto, esta decisión genera debate en torno a la vigencia de las jubilaciones de privilegio y su compatibilidad con casos de corrupción, abriendo una nueva arista en el análisis de los beneficios otorgados a ex funcionarios públicos.