En una medida sin precedentes, el Gobierno nacional ha emitido una orden que impacta directamente en el sector de la salud privada. El mandato establece que el 75% de las empresas de medicina prepaga deberán reducir el precio de sus cuotas, recalculando los aumentos aplicados desde diciembre del año pasado. Esta decisión se basa en el Índice de Precios al Consumidor como referencia para el ajuste.
La Secretaría de Comercio fue la encargada de dictar esta resolución, la cual establece que los incrementos deben retrotraerse y calcularse desde diciembre de 2023, utilizando como base el Índice de Precios al Consumidor. Esta medida se enmarca en un intento por contener los exorbitantes incrementos que las compañías aplicaron desde el año pasado, superando ampliamente la inflación general.
El ministro de Economía, Luis Caputo, respaldó esta iniciativa, destacando el trabajo realizado por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y el esfuerzo de la Secretaría de Comercio para aplicar las herramientas institucionales pertinentes. Según el vocero presidencial, Manuel Adorni, estas acciones representan un alivio para la clase media, que ha visto afectada su capacidad adquisitiva por los aumentos desproporcionados en las cuotas de medicina prepaga.
Las empresas afectadas, que representan aproximadamente el 75% de los afiliados, deberán ajustar el valor de sus cuotas a diciembre de 2023, aplicando como máximo el Índice de Precios al Consumidor para los próximos seis meses. Esta medida preventiva se toma tras una denuncia por presunta cartelización en el sector, lo que llevó a la Comisión Nacional de Defensa del Consumidor a intervenir y tomar medidas para garantizar la competencia y proteger a los usuarios.
Las reacciones no se han hecho esperar. Las empresas afectadas aseguran no haber participado en ninguna negociación con el Gobierno y están analizando sus opciones. Sin embargo, desde el Ejecutivo advierten que la resolución está en plena vigencia y su aplicación no será detenida por presentaciones de apelación.
La Superintendencia de Servicios de Salud también ha tomado cartas en el asunto, presentando una medida cautelar para que las empresas afectadas devuelvan a sus afiliados la diferencia entre los aumentos aplicados y los que deben aplicarse según la decisión oficial.
En medio de esta controversia, la renuncia de Claudio Belocopitt a la presidencia de la Unión Argentina de la Salud ha marcado un hito en el conflicto. Belocopitt defendió los aumentos de precios realizados por el sector de la salud privada, argumentando que son necesarios para ajustarse a la nueva estructura de precios tras la desregulación del mercado.
En conclusión, esta medida del Gobierno nacional representa un intento por controlar los precios en el sector de la salud privada y proteger los intereses de los usuarios frente a posibles prácticas anticompetitivas. Sin embargo, el conflicto está lejos de resolverse, y se espera que las empresas afectadas busquen instancias de apelación mientras la Superintendencia de Servicios de Salud sigue vigilante para garantizar la libre competencia en beneficio de los argentinos.