En una declaración oficial realizada hoy desde la Casa Rosada, el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó la decisión del Gobierno nacional de suprimir fondos fiduciarios que ascienden a aproximadamente 2 mil millones de dólares. Adorni destacó que esta medida se enmarca en la voluntad del Gobierno de erradicar lo que denominó como “cajas de la política”.
“El Gobierno ha optado por eliminar ciertos fondos fiduciarios que carecen de transparencia y son considerados parte de lo que denominamos cajas de la política. Estos representan cerca de medio punto del Producto Bruto Interno, equivalente a alrededor de 2 mil millones de dólares, y tienen una trayectoria de aproximadamente 30 años”, afirmó el funcionario.
Durante la conferencia de prensa, Adorni subrayó la importancia de que la transparencia prevalezca en todas las instancias políticas, y solicitó el respaldo para la implementación de lo propuesto en la Ley Ómnibus. “Es fundamental que la política comprenda la necesidad de priorizar la transparencia. Vamos a poner fin a estas prácticas”, recalcó.
La eliminación de estos fondos fiduciarios había sido anticipada en varias ocasiones por el presidente Javier Milei y estaba contemplada en la Ley Ómnibus, la cual fue retirada del Congreso por el oficialismo durante su discusión en la Cámara de Diputados.
Durante el debate legislativo, diversos gobernadores y sectores se habían manifestado en contra del inciso “h” del artículo 4° de la mencionada ley, el cual otorgaba al Presidente la facultad de “transformar, modificar, unificar o eliminar asignaciones específicas, fideicomisos o fondos fiduciarios públicos creados por normas con rango legal, inclusive los destinados a subsidios, revisar su procedencia y destino para lograr una mayor racionalidad, eficiencia, eficacia, transparencia y control del uso de recursos públicos”.
Actualmente, existen 29 fondos fiduciarios en funcionamiento, con un presupuesto que oscila entre 8 mil y 10 mil millones de dólares.
Contexto sobre los Fideicomisos y su Significado
Los fondos fiduciarios, también conocidos como fideicomisos públicos, son instrumentos utilizados para financiar obras y proyectos por parte de los gobiernos. Sin embargo, su falta de auditorías y transparencia ha generado preocupaciones entre expertos en anticorrupción y finanzas.
Estos fideicomisos operan mediante la transferencia de bienes o sumas monetarias por parte del Poder Ejecutivo Nacional a entidades, generalmente bancarias, para su administración en beneficio del gobierno. A pesar de su aparente simplicidad, la falta de controles efectivos sobre el uso de estos fondos ha suscitado interrogantes sobre su gestión.
El proyecto de Ley Ómnibus presentado por Javier Milei buscaba abordar esta problemática, proponiendo medidas para recortar gastos en fondos fiduciarios, especialmente en el sector energético. Aunque la ley no logró ser aprobada, el Presidente ha manifestado su intención de retomar esta cuestión mediante decretos.
En la actualidad, dos organismos de control, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Auditoría General de la Nación (AGN), están facultados para investigar los fideicomisos. Sin embargo, la efectividad de estas auditorías se ve limitada por la falta de un enfoque preventivo, ya que las revisiones suelen realizarse después de que los fondos han sido ejecutados.