En una estrategia política que no pasa desapercibida, el Gobierno nacional ha desembolsado más de $10.000 millones en transferencias discrecionales a siete gobernadores aliados en lo que va del año 2024. Estas acciones, ejecutadas a través de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), han marcado un rumbo claro en la relación entre el Ejecutivo central y las provincias.
El principal beneficiario de estas transferencias ha sido el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, quien recibió la suma más significativa de $2000 millones el pasado 27 de febrero. Este acto de generosidad financiera por parte de la Casa Rosada coincidió con el respaldo legislativo a la Ley Bases por parte de los diputados tucumanos, un gesto que no pasó desapercibido para las altas esferas del Gobierno.
Pero Tucumán no ha sido la única provincia en recibir este tipo de apoyo. Gobernadores de diversas provincias del país, como Hugo Passalacqua (Misiones), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), y Gustavo Valdés (Corrientes), entre otros, han sido destinatarios de estas transferencias millonarias.
Sin embargo, estas acciones no han estado exentas de críticas y controversias. Voces disidentes señalan que estas transferencias responden más a un juego de poder y control político que a una verdadera política de desarrollo equitativo entre las provincias.
Ante las especulaciones y las críticas, desde el Gobierno se defienden argumentando que estas acciones son parte de una estrategia para consolidar apoyos políticos y fortalecer la gestión gubernamental. Como lo expresó un funcionario ante la consulta de este medio: “Los que se portan bien con nosotros van a tener beneficios y los que no, lo van a sufrir”.
En un contexto político cada vez más polarizado, estas transferencias discrecionales parecen ser una herramienta más en el arsenal del Gobierno para afianzar su poder y asegurar alianzas estratégicas de cara a los desafíos electorales que se avecinan en los próximos años. TN