El Ejecutivo nacional avanza en una reforma de las fuerzas federales de seguridad a través de un decreto que modificará las funciones de la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). El objetivo principal es delimitar zonas de actuación y asignar misiones específicas a cada fuerza, con la intención de evitar superposiciones en operativos conjuntos, como los vinculados a la contención de movilizaciones en inmediaciones del Congreso.
Según confirmaron fuentes oficiales a TN, la medida será publicada en el Boletín Oficial en los próximos días y contemplará cambios en las leyes orgánicas de las tres fuerzas (21.521, 18.398 y 19.349). La iniciativa se enmarca dentro de una reestructuración más amplia que el Gobierno impulsa, alineada con las recientes transformaciones en la Policía Federal Argentina (PFA), convertida en un cuerpo de investigaciones similar al FBI de Estados Unidos.
En este nuevo esquema, el Ministerio de Seguridad transformará la PSA en una “policía de transporte”, con competencias exclusivas en la seguridad de infraestructuras vinculadas al sistema de trenes, colectivos y aviones. Esta reconfiguración busca mantener su capacidad investigativa, ampliar su plantel de agentes y liberar a la PFA de tareas operativas en aeropuertos.
En el caso de Prefectura, la reforma ratifica su rol específico en la custodia de mares, ríos, canales, costas y puertos bajo jurisdicción nacional, evitando intervenciones fuera de su ámbito natural. Por su parte, Gendarmería conservará su misión en la vigilancia de fronteras, control de contrabando, migraciones irregulares, infracciones sanitarias y, cuando sea necesario, en la represión de alteraciones del orden público que excedan las capacidades de las policías locales.
La ministra Patricia Bullrich trabaja además en una redistribución del personal, así como en cambios en los sistemas de reclutamiento y formación de cada fuerza.
El diseño de la reforma toma como referencia el modelo de seguridad de los Estados Unidos, donde cada cuerpo cumple funciones bien diferenciadas. En ese sentido, el Ejecutivo observa con atención la estructura de organismos como la Guardia Nacional (NGUS), la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y la Guardia Costera (USCG).
“La intención de la reforma es que cada fuerza esté enfocada en una función específica y no se disperse ni se superponga con otra”, señalaron desde el oficialismo.
La transformación de la PFA ya se encuentra en marcha, con la creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), al que se le asignaron nuevas atribuciones, como la posibilidad de detener personas sin orden judicial por hasta diez horas cuando existan indicios de delito.
El Gobierno busca acelerar esta reforma antes del 8 de julio, fecha en la que vencen las facultades delegadas otorgadas por el Congreso, que permiten al Ejecutivo eliminar, transformar o fusionar organismos públicos. En Balcarce 50 ya adelantaron que no intentarán extender ese poder, ni a través de un nuevo proyecto legislativo ni mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU), que había sido evaluado en las últimas semanas.