Se publicó la resolución 1049 en el Boletín Oficial. El traspaso al sector privado tendrá un plazo máximo de un año e incluirá subastas de material rodante y licitaciones públicas para las concesiones.
El Gobierno nacional oficializó este jueves el comienzo del proceso de privatización de la empresa estatal Belgrano Cargas y Logística S.A., mediante la resolución 1049 publicada en el Boletín Oficial. La medida establece un plazo máximo de un año para transferir completamente la operación de las líneas ferroviarias de carga al sector privado.
La iniciativa alcanza a las líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza, y contempla la venta mediante remates públicos del material rodante —locomotoras y vagones— actualmente en manos de la compañía estatal. A su vez, se licitarán las concesiones de uso de las vías férreas, talleres e inmuebles aledaños, a través de concursos públicos de alcance nacional e internacional.
Desde el Ministerio de Economía, se instruyó a la Secretaría de Transporte a avanzar con el proceso licitatorio, y a realizar un inventario detallado del parque ferroviario: su estado, vida útil, y condiciones técnicas, así como también el relevamiento de la infraestructura y las instalaciones operativas.
El Banco Nación será el encargado de administrar los fondos recaudados a través de las subastas del material rodante, que se destinarán exclusivamente al financiamiento de nuevas obras ferroviarias.
Actualmente, Belgrano Cargas opera 7.600 kilómetros de vías que atraviesan 17 provincias del país, incluyendo Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Mendoza, San Juan, San Luis y Catamarca.
En línea con esta decisión, las plataformas oficiales SUBAST.AR y CONTRAT.AR serán utilizadas para llevar adelante las subastas y contrataciones del proceso. Las autoridades aclararon que, si bien el Estado se retirará de la operación ferroviaria de carga, tanto las vías como los terrenos permanecerán bajo propiedad estatal, retornando automáticamente al Estado una vez finalizadas las concesiones.
“El Estado dejará de ser operador ferroviario del transporte de carga y de toda la infraestructura, como el material rodante, las vías, talleres e inmuebles aledaños”, indicaron desde la cartera económica.
La medida forma parte de un paquete de reformas más amplio con el que el Gobierno busca cumplir metas comprometidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y apunta a reducir el gasto público y fomentar la inversión privada en sectores estratégicos como la logística ferroviaria, clave para las economías regionales y el agroexportador.