El Gobierno nacional ha emitido una resolución que ordena a los empleados públicos que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley Nacional del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones N° 24.241 iniciar los trámites para su jubilación. Según la Resolución 3/2024 del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, los trabajadores que hayan alcanzado la edad requerida —60 años para mujeres y 65 para hombres— y cuenten con al menos 30 años de aportes, deberán iniciar el proceso.
Sin embargo, no todos los empleados públicos pueden ser obligados a jubilarse. La normativa establece que, además de cumplir con la edad, los trabajadores deben haber completado los 30 años de aportes. Aquellos que no cumplan con ambas condiciones tienen el derecho de rechazar la intimación y continuar en sus funciones.
En el caso de las mujeres, la ley les permite elegir si desean seguir trabajando hasta los 65 años, mientras que en el sector privado, la extensión de la vida laboral hasta los 70 años es posible.
Uno de los principales obstáculos para la jubilación en Argentina es la informalidad laboral, que impide a muchos trabajadores acumular los 30 años de aportes, incluso si han alcanzado la edad requerida. No obstante, esta problemática es menos común en el sector público, donde los empleados suelen tener trayectorias laborales más estables.
De acuerdo con datos oficiales, aproximadamente 10.000 empleados públicos cumplen con las condiciones para jubilarse, de los cuales 6.800 pertenecen a la planta permanente. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) será la encargada de verificar quiénes están en condiciones de iniciar los trámites. Las áreas gubernamentales tienen un plazo de 30 días para intimar a los empleados que puedan acogerse a este beneficio.
«Para que el empleador pueda obligar al trabajador a jubilarse, se deben cumplir los requisitos de edad y servicios al momento de la intimación», explicó el abogado Adrián Tróccoli. Si un trabajador del sector público no ha alcanzado los 30 años de aportes, deberá notificar a su empleador, lo que invalidará la intimación para jubilarse.
Este nuevo proceso busca reorganizar la estructura del empleo público, asegurando que aquellos que cumplen con los requisitos inicien su retiro, mientras que los que no lo hacen puedan continuar con su carrera laboral. Clarín