El Gobierno nacional publicará en los próximos días un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modifica la ley de inteligencia, otorgando mayores facultades a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y reordenando toda la estructura del sistema de espionaje. Entre las novedades, el organismo podrá requerir información a cualquier dependencia estatal y, bajo determinadas circunstancias, aprehender personas ante pedido judicial o en casos de flagrancia.
El DNU, firmado el 31 de diciembre por el presidente Javier Milei y su gabinete, busca reorganizar el área mediante la creación de nuevas agencias, la disolución de otras y la unificación de funciones para facilitar el intercambio de información estratégica.
El documento incorpora definiciones hasta ahora no contempladas explícitamente en la ley vigente, como la caracterización de las actividades de inteligencia como reservadas por su sensibilidad. “Todas las actividades que se realizan en el ámbito de la Inteligencia Nacional revisten carácter encubierto en virtud de su sensibilidad, con el fin de minimizar el Riesgo Estratégico Nacional”, establece el artículo 2° bis.
Además, el decreto amplía la noción de contrainteligencia, incluyendo acciones para prevenir infiltraciones, fuga de información clasificada, espionaje, atentados contra el orden constitucional, sabotaje e interferencias externas que puedan afectar la toma de decisiones del Estado o los intereses estratégicos nacionales.
En cuanto a la estructura, la SIDE se mantiene como el organismo central del sistema, aunque varias de sus dependencias fueron modificadas: la Agencia de Seguridad Nacional pasa a llamarse Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC); la Agencia Federal de Ciberseguridad se transforma en la Agencia Federal de Ciberinteligencia (AFC), enfocada en el ámbito digital; y la antigua División de Asuntos Internos se reemplaza por la Inspectoría General de Inteligencia (IGI).
El DNU también otorga a la SIDE la conducción del Sistema de Inteligencia Nacional y la facultad de coordinar con organismos provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y entidades extranjeras. Entre sus nuevas funciones se incluyen la lucha contra el terrorismo, el análisis geoespacial y la gestión criptográfica del Estado.
Uno de los puntos más destacados es la creación del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), un organismo descentralizado bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, encargado de planificar y supervisar políticas de ciberseguridad, proteger infraestructuras críticas y activos digitales estratégicos, y garantizar la seguridad de los sistemas tecnológicos vinculados a servicios públicos esenciales.
El decreto también establece dos espacios de coordinación interinstitucional: la Comunidad de Inteligencia Nacional, que agrupa a organismos de espionaje y áreas especializadas de las Fuerzas Armadas y de Seguridad; y la Comunidad Informativa Nacional, que reúne a ministerios y agencias con capacidad de generar información relevante para el análisis estratégico del Estado.
Asimismo, se habilita a los organismos a proveer su propia seguridad y a actuar ante agresiones a sus instalaciones o personal. Según el artículo 19, el personal de inteligencia podrá realizar aprehensiones “en el marco del desarrollo de actividades de inteligencia, auxilio o requerimiento judicial y/o comisión de delitos en flagrancia”, notificando inmediatamente a las fuerzas de seguridad correspondientes.
El DNU contempla, finalmente, la reasignación del personal de los organismos afectados y garantiza la continuidad operativa mientras se completa la reorganización del sistema de inteligencia nacional.