El Gobierno nacional ha decidido prorrogar nuevamente el Presupuesto General de la Administración Nacional de 2023 para el año 2025, tras no lograr la aprobación de un nuevo proyecto en el Congreso.
La medida se formalizó mediante el decreto 1131/2024, publicado este lunes 30 de diciembre en el Boletín Oficial. El decreto, firmado por el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el jefe de Gabinete Guillermo Francos, establece que las disposiciones vigentes al cierre del ejercicio 2024 continuarán rigiendo a partir del 1° de enero de 2025. Además, faculta al jefe de Gabinete a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias durante el próximo año, conforme a la Ley de Administración Financiera N° 24.156.
Esta es la segunda vez que se extiende la vigencia del presupuesto de 2023, una situación sin precedentes en la historia reciente del país. La decisión se produce en un contexto de tensiones políticas y financieras, luego de que las sesiones ordinarias del Congreso concluyeran sin alcanzar un acuerdo entre el oficialismo, la oposición y los gobernadores para aprobar un presupuesto específico para 2025. El proyecto enviado por el Gobierno en septiembre, que incluía medidas como la ratificación de la fórmula de movilidad jubilatoria y la eliminación de la indexación de las asignaciones familiares, no fue tratado debido a la falta de consenso y la ausencia de sesiones extraordinarias.
La prórroga del presupuesto otorga al Ejecutivo un margen de discrecionalidad significativo en la asignación de recursos, estimado en alrededor de $20 billones, basado en una previsión de ingresos de $115.2 billones y una inflación proyectada del 18%. Sin embargo, la oposición advierte que una menor inflación podría reducir este margen de maniobra. Además, organismos como la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) y la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) señalan que la falta de una Ley de Presupuesto limita la posibilidad de implementar reformas estructurales necesarias para el país.
Entre las principales críticas a esta prórroga se destaca que otorga al Gobierno facultades discrecionales excesivas en la asignación de recursos, lo que podría afectar la coparticipación tributaria y el financiamiento de las cajas previsionales provinciales. Asimismo, la falta de un presupuesto aprobado dificulta la planificación fiscal y expone al Gobierno a críticas tanto a nivel interno como internacional, especialmente en relación con la transparencia y la búsqueda de acuerdos con organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En los considerandos del decreto, el Ejecutivo argumenta que la prórroga busca garantizar la continuidad de los servicios esenciales y la estabilidad financiera. No obstante, analistas advierten que esta medida podría generar tensiones adicionales en el mediano plazo, afectando la capacidad del Gobierno para implementar políticas públicas efectivas y responder a las necesidades de la población.