El Gobierno nacional anunció este lunes que enviará al Congreso el proyecto de reforma integral del Código Penal, una iniciativa que actualiza por primera vez en más de un siglo el régimen punitivo vigente desde 1921. El texto propone un fuerte endurecimiento de penas para delitos graves —como homicidio, narcotráfico, corrupción, abuso sexual y trata de personas—, incorpora nuevas figuras delictivas y amplía la lista de crímenes imprescriptibles.
La presentación estuvo encabezada por la ex ministra de Seguridad y actual senadora Patricia Bullrich, junto al jefe de Gabinete Manuel Adorni. “El que la hace, la paga”, afirmó Bullrich, quien remarcó que el 82% de los delitos contemplados en el nuevo código serán de cumplimiento efectivo. Desde el Ministerio de Justicia destacaron que la reforma eleva los mínimos de pena para evitar que condenados por delitos graves recuperen la libertad antes de tiempo.
Entre los cambios centrales, la iniciativa establece la imprescriptibilidad del abuso sexual, del homicidio agravado y de otros delitos considerados de “extrema gravedad”. Además, la prisión perpetua dejará de tener límite temporal: en casos de homicidio agravado, la condena será “para toda la vida”.
Bullrich enfatizó además el endurecimiento de las sanciones por corrupción: “Si sos funcionario, tenés más responsabilidad. Tenés que cuidar la plata de la gente, no te la podés robar. Si un funcionario las hace, las va a pagar fuerte”, aseguró. También sostuvo que el proyecto deja atrás “la doctrina Zaffaroni” y pone fin a la “puerta giratoria”.
Principales ejes de la reforma
Violencia en el deporte y espectáculos masivos.
Se crean figuras específicas para sancionar con mayor severidad peleas, disturbios y agresiones en estadios y eventos masivos, tanto para quienes participan como para quienes los organizan o encubren.
Narcotráfico.
Se amplían las herramientas para perseguir el cultivo, producción, comercialización y tráfico internacional de drogas. Las penas se agravan cuando intervienen funcionarios públicos o se utilizan menores.
Decomiso y extinción de dominio.
El proyecto incorpora mecanismos más estrictos para que los bienes obtenidos ilícitamente pasen al Estado, impidiendo su transferencia para ocultamiento.
Protección de bienes culturales.
Habrá castigos para quienes trafiquen, destruyan u oculten patrimonio cultural, arqueológico o histórico.
Compra y venta de niños.
Se refuerzan y agravan las penas por la comercialización o entrega ilegal de menores.
Delitos contra la familia.
Se actualizan figuras vinculadas a violencia intrafamiliar, incumplimiento de deberes y protección de los más vulnerables.
Tragedias viales.
La conducción temeraria, las carreras ilegales y los siniestros fatales bajo efectos del alcohol o drogas tendrán sanciones superiores, con agravantes según el número de víctimas.
Medio ambiente.
Se incorpora el delito de ecocidio y se elevan las penas por daños ambientales masivos o en áreas protegidas.
Agravantes frente a sujetos vulnerables.
Mayores penas cuando los delitos afecten a menores, adultos mayores, personas con discapacidad o grupos especialmente vulnerables.
Imprescriptibilidad.
Se extiende a delitos como homicidio simple y agravado, abuso sexual, grooming, pornografía infantil, trata de personas, corrupción de menores, terrorismo, financiamiento del terrorismo y narcotráfico.
Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
La reforma mantiene intacta la Ley 27.610, garantizando el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14.
Violencia de género.
Se actualizan figuras de violencia doméstica, sexual y digital, incorporando ciberacoso y difusión no consentida de imágenes íntimas, con agravantes por motivos de género, identidad u orientación sexual.
Nuevos tipos penales
Cibercrimen.
Incluye fraude informático, acceso indebido a sistemas, usurpación de identidad, grooming y “pornovenganza”.
Motochorros.
Se tipifican delitos cometidos mediante el uso de motovehículos, con agravantes por el riesgo para víctimas y terceros.
Criminalidad ambiental.
Introduce el ecocidio y sanciones más duras por contaminación agravada y daños irreversibles a ecosistemas.
Corrupción pública y privada.
Actualiza y endurece penas por cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles y otros delitos que afectan la transparencia institucional.
Lavado de activos.
Refuerza la coordinación nacional e internacional y amplía las herramientas para recuperar bienes ilícitos.
Terrorismo y financiamiento del terrorismo.
Alinea la legislación con estándares de la ONU y GAFI, abarcando ataques a infraestructuras críticas y operaciones financieras destinadas a actividades terroristas.
Crimen organizado transnacional.
Incluye tráfico de armas, trata de personas, tráfico de migrantes, contrabando y corrupción sistémica, con decomiso extendido y persecución de testaferros.
Estabilidad fiscal y monetaria.
Penaliza delitos económicos como evasión tributaria organizada, contrabando agravado, falsificación monetaria y maniobras especulativas de alto impacto.
Protección del orden electoral.
Agrupa más de 30 delitos electorales e incorpora figuras vinculadas al entorno digital, como manipulación algorítmica, creación de contenidos falsos y uso de cuentas automatizadas para influir en el voto.
Con este proyecto, el Gobierno busca una reforma integral que endurezca las respuestas frente a delitos graves, incorpore nuevas amenazas —particularmente digitales y ambientales— y establezca un sistema penal más estricto y actualizado a los estándares internacionales. El Congreso deberá ahora debatir una de las modificaciones más amplias del sistema penal argentino en más de cien años.