El Ejecutivo sostiene que no ha reducido los fondos, pero omite el impacto de la inflación al extender el presupuesto del año pasado. Mientras tanto, la opinión pública parece respaldar las decisiones gubernamentales, aunque persisten las dudas sobre la efectividad de estas medidas.
En medio de la controversia, el ministro del Interior salió a calmar las aguas, argumentando que los montos asignados se mantienen, simplemente continúa el presupuesto del año anterior. Sin embargo, los números cuentan una historia diferente: con una inflación del 211,5% en el último año, los fondos presupuestarios de 2023 se desvalorizan significativamente en 2024. Esta discrepancia arroja dudas sobre la efectividad de las transferencias gubernamentales a las provincias.
A pesar de los esfuerzos del Gobierno por mantener la apariencia de estabilidad, la realidad matemática no puede pasarse por alto. La falta de un presupuesto actualizado para 2024 deja a las arcas provinciales en una situación precaria, mientras que la inflación erosiona aún más el poder adquisitivo de los fondos transferidos.
La incertidumbre se agrava por la necesidad del Gobierno de asegurar el apoyo de los gobernadores para importantes medidas legislativas y acuerdos políticos. Sin embargo, la falta de actualización en los fondos destinados a las provincias podría minar estas relaciones, generando tensiones adicionales en el panorama político.
Mientras tanto, la opinión pública parece mostrar una cierta tolerancia hacia los recortes en el gasto estatal. Si bien los despidos en el sector público tienen un impacto humano innegable, la percepción general es que la reducción del tamaño del Estado es necesaria. Este sentimiento se refleja en el respaldo a figuras políticas que abogan por un Estado más pequeño, como lo demuestra el crecimiento en la imagen positiva de ciertos líderes políticos. Con información de TN