El ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger, defendió la reciente derogación de una serie de decretos emitidos durante la presidencia de Alberto Fernández, argumentando que estos normativas facilitaban un esquema «grotesco» que «anidaba corrupción». Los decretos en cuestión, que favorecían a empresas estatales en contrataciones públicas, han sido eliminados por el actual gobierno de Javier Milei, que busca desmantelar lo que consideran un legado de irregularidades.
El Decreto 747/24, firmado por el presidente Milei, deroga los decretos 1187/12, 1189/12, 1191/12, y 823/21, que otorgaban privilegios a empresas como Nación Seguros, YPF, Banco Nación y Optar en las contrataciones públicas. Según Sturzenegger, estos privilegios no solo eran injustos, sino que servían para mantener una «casta política» y posibilitaron la corrupción.
En un comunicado difundido a través de las redes sociales, Sturzenegger calificó la medida de Fernández como «nefasta» al obligar a las entidades públicas a contratar seguros exclusivamente con Nación Seguros, lo que actualmente está bajo investigación judicial por presuntas irregularidades. Sturzenegger explicó que «tan grotesco era el sistema que se contrataba a un broker para gestionar una contratación que era obligatoria por ley».
El entramado de corrupción que presuntamente involucraba al expresidente y a otros actores, entre ellos el productor de seguros Héctor Martínez Sosa, esposo de la exsecretaria de confianza de Fernández, María Cantero, salió a la luz tras la denuncia de sobreprecios en las pólizas vendidas a organismos estatales.
El nuevo decreto también establece que todas las empresas y sociedades del Estado tendrán 30 días para proporcionar la documentación requerida para revisar los contratos vigentes, con el fin de evitar futuros acuerdos que puedan defraudar al Estado. Las entidades vinculadas al Estado tendrán hasta el 21 de agosto de 2025 para finalizar los acuerdos existentes, y deberán convocar a nuevos procesos de selección que garanticen la transparencia y competencia en las contrataciones.
En caso de ser necesario prorrogar un contrato por un año adicional, las entidades deberán informar a la autoridad competente. La Oficina Nacional de Contrataciones será la encargada de gestionar y revisar las nuevas contrataciones que surjan tras la vigencia del decreto 747/2024.
Con esta medida, el gobierno de Javier Milei continúa con su agenda de reformas, desmantelando lo que consideran prácticas corruptas instauradas durante la gestión de Alberto Fernández. Infobae