El Ministerio de Seguridad de la Nación, encabezado por Patricia Bullrich, presentó una denuncia penal contra la jueza Karina Andrade, quien ordenó la liberación de los detenidos por los incidentes ocurridos el pasado 12 de marzo durante la marcha de los jubilados en las inmediaciones del Congreso Nacional.
Según la acusación, la magistrada cometió delitos de Prevaricato, Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público y Encubrimiento Agravado, al liberar a 114 detenidos sin realizar un análisis adecuado de las pruebas ni verificar los antecedentes penales de los involucrados. La denuncia sostiene que Andrade actuó de manera arbitraria, interviniendo indebidamente en un procedimiento de flagrancia, lo cual es competencia exclusiva de la Fiscalía.
La jueza tomó la decisión de liberar a los detenidos a través de un grupo de mensajería instantánea, sin dejar un registro oficial ni involucrar formalmente a la Fiscalía, lo que constituye una violación de los procedimientos legales establecidos. Además, permitió que defensores no designados participaran en el proceso, contraviniendo el Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que establece que los defensores oficiales solo deben intervenir cuando sean expresamente designados.
Entre los detenidos liberados se encontraba un grupo con antecedentes por delitos como lesiones, tráfico de estupefacientes, tenencia de armas de fuego y robo, lo que agrava aún más las irregularidades cometidas. La denuncia subraya que Andrade no verificó las pruebas ni los antecedentes antes de liberar a los detenidos, lo que contraviene la legislación vigente.
En su resolución, la jueza justificó su decisión argumentando la falta de espacio en los centros de detención, un argumento refutado posteriormente por la existencia de lugares disponibles en las cárceles del Servicio Penitenciario Federal y la Policía Federal.
El Ministerio de Seguridad solicitó que se inicie un sumario penal por los delitos denunciados, se recojan las pruebas pertinentes, incluida la documentación audiovisual de los hechos ocurridos en la Plaza de los Dos Congresos, y se remita el caso al fuero federal, dado que involucra delitos de sedición, atentado al orden constitucional y asociación ilícita agravada. Este caso sigue siendo investigado, ya que los disturbios dejaron más de una docena de policías heridos y daños materiales graves en el espacio público. Infobae