El oficialismo apuesta a ganar tiempo en Diputados mientras explora vías de diálogo informal con las provincias en plena disputa por las leyes de jubilaciones y discapacidad.
El Gobierno nacional atraviesa una semana clave tras la derrota parlamentaria sufrida en el Senado, donde se sancionaron tres leyes que el presidente Javier Milei considera fiscalmente inaceptables: el aumento de las jubilaciones, la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad. En medio de este escenario adverso, la Casa Rosada dilata la oficialización de los vetos para ganar tiempo y negociar apoyos en la Cámara de Diputados.
Si bien el Poder Ejecutivo cuenta con un plazo de diez días hábiles para formalizar los vetos, la demora responde a una estrategia: articular acuerdos que permitan sostener la decisión presidencial en el Congreso, donde la votación clave será en Diputados, ámbito en el que el oficialismo cuenta con mayores posibilidades de negociación.
Mientras Milei insiste en defender el equilibrio fiscal como “política permanente”, en el oficialismo reconocen la necesidad de abrir canales de diálogo. Por ello, todos los gobernadores del país fueron invitados a un cóctel en La Rural en el marco de la Exposición Rural 2025, una instancia que podría ser aprovechada por la Nación para acercar posiciones en un “espacio neutral”. Aunque Milei no asistiría, se espera que la Casa Rosada envíe funcionarios de peso.
En paralelo, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y su vicejefe Lisandro Catalán son los principales interlocutores con los mandatarios provinciales. También intervienen el asesor presidencial Santiago Caputo y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien junto a su primo, Eduardo “Lule” Menem, busca garantizar los votos necesarios para evitar el rechazo legislativo a los vetos.
El desafío no es menor: la Constitución exige 86 votos para ratificar un veto presidencial, cifra que el oficialismo considera alcanzable mediante acuerdos o, incluso, negociando ausencias o abstenciones estratégicas. En este contexto, el Gobierno confía en el respaldo de provincias como San Juan y Tucumán, aunque la relación con algunos gobernadores —como el tucumano Osvaldo Jaldo— se encuentra debilitada.
Otro actor clave es el PRO, que se muestra dividido. Mientras un sector acompaña a La Libertad Avanza, otro responde directamente a Mauricio Macri. La diputada María Eugenia Vidal, por ejemplo, anticipó que rechazará la moratoria, pero aún no definió su postura sobre el resto de las leyes.
La Casa Rosada, consciente de estas divisiones, evalúa cada movimiento en un tablero político complejo. La agenda de negociaciones continuará esta semana con la reunión que Milei mantendrá mañana con la Mesa de Enlace agropecuaria, encuentro que el sector valora como un “gesto político” y en el que podrían abordarse cuestiones vinculadas a las retenciones y el futuro del INTA.
En definitiva, el oficialismo combina la confrontación discursiva con gestos de apertura. La postergación de los vetos, lejos de ser un simple trámite burocrático, refleja una estrategia que apunta a blindar políticamente el ajuste fiscal y evitar nuevos reveses legislativos que comprometan el rumbo económico delineado por Javier Milei. Infobae