El Gobierno nacional dispuso la creación del Registro Integrado de Beneficiarios de Políticas Sociales (RIB), una herramienta que busca centralizar y organizar la información de las personas que acceden a programas y prestaciones estatales en todo el territorio argentino.
La medida fue oficializada a través de la Resolución 23/2026 del Ministerio de Capital Humano, publicada en el Boletín Oficial, y estará bajo la órbita del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.
El nuevo registro funcionará dentro del Sistema Integrado de Información Social (SIIS), que actúa como repositorio de datos provenientes de distintas áreas del Estado. En este sentido, el objetivo principal es consolidar en una única base administrativa la información sobre beneficiarios, permitiendo identificar con mayor precisión sus características y el tipo de asistencia que reciben.
Desde el Ejecutivo señalaron que la implementación del RIB permitirá mejorar el diagnóstico sobre el alcance de las políticas sociales, al tiempo que facilitará una gestión más eficiente de los recursos públicos.
La administración, actualización y resguardo de los datos estarán a cargo del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que además tendrá la función de realizar cruces de información, elaborar estadísticas y evaluar el impacto de las políticas implementadas.
En términos operativos, el registro integrará datos que hasta ahora se encontraban dispersos en diferentes organismos, con el propósito de evitar superposiciones, duplicaciones y vacíos de información, garantizando además la trazabilidad de los datos.
Según se estableció, el sistema se alimentará exclusivamente de información provista por organismos oficiales y operará bajo estrictos criterios de seguridad y confidencialidad.
Asimismo, la puesta en marcha del RIB será financiada con partidas ya asignadas al Consejo, sin implicar nuevas erogaciones presupuestarias.
La creación de este registro se inscribe en una estrategia del Gobierno orientada a reforzar la transparencia, optimizar la coordinación entre organismos y fortalecer los mecanismos de control sobre la asistencia social.
En este marco, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, remarcó recientemente que no existe una categoría única de “planes sociales”, y subrayó la necesidad de diferenciar entre prestaciones de la seguridad social y programas focalizados, cada uno con objetivos y criterios específicos.