En una declaración oficial realizada esta mañana, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció medidas contundentes respecto al ámbito laboral estatal y el funcionamiento de cooperativas en el país.
El vocero confirmó que, a partir del cierre de marzo, aproximadamente 15 mil contratos de empleados estatales no serán renovados, una decisión que ha estado bajo revisión desde el inicio de la actual gestión gubernamental. Asimismo, se dio a conocer la suspensión de miles de cooperativas que operaban en el período comprendido entre los años 2020 y 2022.
Durante la habitual conferencia de prensa, Adorni proporcionó detalles adicionales sobre la decisión tomada con respecto a los contratos estatales. En un esfuerzo por clarificar cualquier confusión, destacó que de los más de 70.000 contratos analizados, se determinó que alrededor de 15.000 serán dados de baja al 31 de marzo, mientras que los restantes, aproximadamente 55 mil, serán renovados por seis meses adicionales, con futuras revisiones pendientes.
La aclaración se volvió necesaria tras comentarios previos del presidente Javier Milei, quien había sugerido una cifra mayor de desvinculaciones. «Hubo bastante confusión con respecto a los números, así que está bueno aclararlo», mencionó Adorni al inicio de su exposición.
Además de la reducción en los contratos estatales, el gobierno anunció una revisión exhaustiva del padrón de cooperativas en funcionamiento. Según Adorni, el Ministerio de Capital Humano llevará a cabo una depuración del sistema de cooperativas, suspendiendo las operaciones de aquellas creadas entre los años 2020 y 2022. Además, se realizará una inspección detallada de 4.355 cooperativas creadas en 2023 y se retirará para operar a 11.853 que habían sido suspendidas en 2019, decisión tomada por la administración anterior.
Las medidas adoptadas se respaldan en datos que el portavoz proporcionó durante la rueda de prensa, destacando un aumento del 138% en el padrón de cooperativas en los últimos cuatro años, con un notable porcentaje (72%) constituido entre 2020 y 2022. Adorni también señaló que el 70% de estas cooperativas no presentaron balances ni realizaron asambleas.
Para enfatizar la gravedad de la situación, Adorni reveló cifras adicionales, incluyendo que el 22% de las cooperativas comparten asociados, el 20% utilizó el mismo correo electrónico para registrarse, y sorprendentemente, el 9% comparte domicilio, lo cual plantea interrogantes sobre su legitimidad y funcionamiento.
Estas medidas, aunque esperadas, seguramente generarán tensiones entre el gobierno y los referentes de movimientos piqueteros, pero según lo expresado por Adorni, responden a la necesidad de orden y transparencia en el ámbito laboral y cooperativo del país. Con información de Infobae