El Gobierno nacional impulsa un proyecto de ley que propone tratar a las barras bravas como organizaciones criminales, en un intento por desarticular los negocios ilegales que las rodean y endurecer las penas contra sus integrantes y colaboradores. La iniciativa, actualmente en análisis por el área de Legal y Técnica de la Presidencia, busca aplicar sanciones más severas tanto a los miembros de estas agrupaciones como a los dirigentes deportivos que mantengan vínculos con ellas.
La propuesta central del proyecto consiste en la tipificación de las barras bravas como asociaciones ilícitas, lo que permitiría imponer penas de dos a cuatro años de prisión a quienes se vean implicados en actividades como el transporte de armas o la reventa de entradas de protocolo. Además, los dirigentes de clubes que entreguen entradas o colaboren con estas agrupaciones podrían enfrentar penas de hasta seis años de cárcel.
Enfoque en los negocios ilegales
El proyecto también apunta a desmantelar los negocios paralelos asociados al fútbol, como el control de estacionamientos por los denominados “trapitos” en las cercanías de los estadios, práctica que también será sancionada penalmente. Este enfoque busca eliminar las fuentes de financiamiento que sostienen a estas organizaciones, conocidas por operar mediante amenazas y extorsión.
Además, se prevé endurecer el régimen de inhabilitación administrativa, permitiendo a las autoridades prohibir el ingreso a los estadios a personas imputadas por delitos, incluso si no tienen una sentencia firme. Este tipo de medidas ya se ha aplicado en casos emblemáticos, como el de Rafael Di Zeo y Mauro “Skeletor” Maciel, miembros de “La 12”, la barra de Boca Juniors, quienes fueron imputados por tenencia de armas y enfrentan restricciones de concurrencia indefinidas.
Responsabilidad para los organizadores
Otra disposición del proyecto responsabiliza a los organizadores de eventos deportivos que permitan el ingreso de armas o faciliten el acceso de personas con impedimentos legales. La medida busca cerrar cualquier brecha que permita a las barras bravas operar con impunidad dentro de los estadios.
“Las barras usan el ir a la cancha a ver un partido de fútbol como excusa para delinquir, utilizando la amenaza y la extorsión. No les interesa el deporte ni el fútbol, sino el beneficio que pueden obtener a través de ello. Es un negocio y una organización criminal como cualquier otra”, explicaron a TN fuentes vinculadas al proyecto.
Antecedentes recientes
Esta iniciativa surge dos meses después de la difusión de un audio atribuido a Di Zeo, histórico líder de la barra de Boca Juniors, donde amenazaba explícitamente a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. En el mensaje, Di Zeo advertía sobre una posible “guerra” en respuesta a la implementación del programa “Tribunas Seguras”, diseñado para regular y prevenir la violencia en los estadios mediante el derecho de admisión.
Con esta propuesta legislativa, el Gobierno busca desarticular de manera integral a las barrasbravas y fortalecer las herramientas legales para combatir la violencia en el fútbol, una problemática histórica en el deporte argentino. El Territorio