El Gobierno nacional anunció la derogación del decreto 778/2021, una medida que regulaba las horas de vuelo y descanso de los pilotos, lo que podría desencadenar un nuevo conflicto con los gremios aeronáuticos. Esta norma establecía límites para las tripulaciones, como un máximo de 90 horas de vuelo mensuales, 34 horas semanales y un mínimo de 36 horas consecutivas de descanso por semana. Además, cada avión tenía permitido realizar hasta seis aterrizajes en un período de 24 horas.
Con la eliminación de esta regulación, el Ejecutivo busca presionar a los sindicatos del sector para negociar los convenios colectivos y revisar los beneficios laborales de los empleados de Aerolíneas Argentinas. En paralelo, el Gobierno insiste en la privatización de la compañía estatal, un proyecto que pretende impulsar en el Congreso.
La reforma aerocomercial está siendo encabezada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, junto con el secretario de Transporte, Franco Mogetta, y el subsecretario de Transporte Aéreo, Hernán Gómez. La estrategia incluye reuniones con aerolíneas privadas que podrían absorber parte de la operación de Aerolíneas Argentinas si los gremios no aceptan el nuevo acuerdo salarial antes del 17 de octubre. Entre las empresas convocadas para discutir su posible participación están Avianca, Air Europa y Arajet, mientras que se descartó a Azul por su débil situación financiera.
En el marco de esta ofensiva desregulatoria, el Gobierno también publicó el decreto 844/2024, que autoriza a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) a flexibilizar las normas para que aviones y tripulaciones extranjeras operen en el país sin necesidad de registrarse localmente. Esta medida busca simplificar y agilizar las operaciones de empresas internacionales en el mercado aéreo argentino, eliminando requisitos como la audiencia pública y modificando el régimen de rutas y registro de aeronaves.
Asimismo, el Ejecutivo avanzó en la digitalización de trámites y la implementación de nuevos estándares en la atención al pasajero y las infracciones aeronáuticas. La ANAC se encargará de la fiscalización técnica, mientras que la Subsecretaría de Transporte Aéreo adoptará un rol más político en esta transformación del sector.
Estas decisiones han generado preocupación entre los gremios aeronáuticos, que ven en ellas una amenaza a sus derechos laborales y una señal clara de la intención del Gobierno de avanzar con la privatización de Aerolíneas Argentinas, una medida que anticipa un fuerte debate en el ámbito político y social. TN