El Gobierno Nacional ha iniciado un exhaustivo proceso de auditoría sobre las 400.000 Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral otorgadas en los últimos años, enfocándose principalmente en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta medida, ejecutada por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) bajo la dirección de Diego Spagnuolo, responde a la detección de serias irregularidades en el sistema, incluyendo casos de fraude y corrupción en la asignación de beneficios.
La auditoría surge tras una investigación interna que reveló que solo el 7% de los casos auditados cumplían con los requisitos legales. Entre las irregularidades más impactantes, se encontró el uso de una radiografía de un perro para justificar una pensión por invalidez. En otro caso, se detectó que 150 expedientes utilizaron la misma radiografía de hombro para respaldar diagnósticos médicos. Estas irregularidades, que se remontan al gobierno de Alberto Fernández, llevaron a la administración actual a iniciar denuncias penales y a intensificar el control sobre la totalidad de las pensiones vigentes.
El director de la ANDIS, Diego Spagnuolo, explicó que el objetivo de esta auditoría es garantizar la transparencia en la asignación de las pensiones, asegurando que solo las reciban quienes realmente las necesitan y cumplan con los requisitos legales. “No se le va a quitar el beneficio a quien le corresponda”, aclaró Spagnuolo, en respuesta a las críticas que señalan que el Gobierno está recortando beneficios a las personas con discapacidad.
Esta auditoría no solo abarca la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino que también se extenderá a otras provincias como Chaco, donde ya se han identificado 99.000 pensiones sujetas a revisión. Según las estimaciones gubernamentales, de los más de 1.250.000 beneficiarios de pensiones por invalidez laboral, cerca de 500.000 podrían haber sido otorgadas de manera fraudulenta.
El proceso de revisión se enmarca en un contexto más amplio de lucha contra la corrupción en la administración pública, y forma parte de una estrategia del gobierno del Frente de Todos para rectificar las anomalías heredadas de gestiones anteriores. La ANDIS, ahora bajo la órbita del Ministerio de Salud, ha asumido el compromiso de sanear el sistema de pensiones, evitando que continúe siendo un instrumento de favores políticos.
El resultado de esta auditoría podría derivar en la baja de miles de pensiones otorgadas de manera irregular, mientras se busca garantizar que los recursos destinados a este sector vulnerable lleguen a quienes realmente los necesitan. Infobae