La Casa Rosada acelera las gestiones para avanzar con la reforma laboral en el Senado, en un escenario político atravesado por tensiones fiscales y señales adversas en los mercados. La estrategia es liderada por la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quien afirmó que el oficialismo logró consolidar el respaldo necesario para aprobar la iniciativa, aunque reconoció que el texto sufrirá modificaciones.
Según confirmó la senadora, el Gobierno cuenta con un piso de 44 votos garantizados en la Cámara Alta gracias a acuerdos con sectores aliados. “Hemos reunido 44 voluntades y estamos trabajando en los detalles”, sostuvo Bullrich, al tiempo que aseguró que existe “un acuerdo bastante consolidado” cuyo contenido final se conocerá durante el debate en el recinto.
La legisladora admitió que el Ejecutivo aceptó cambios solicitados por la oposición respecto del proyecto que obtuvo dictamen en diciembre, aunque evitó adelantar precisiones. “Hemos aceptado muchas propuestas y muchos cambios, pero los vamos a dar a conocer recién en el recinto”, indicó, en referencia a la sesión prevista para el día 11.
El núcleo de la discusión se concentra en dos ejes sensibles: la reducción del impuesto a las Ganancias y la creación del Fondo de Asistencia Laboral, destinado a financiar un nuevo esquema de indemnizaciones. Gobernadores de provincias aliadas, a través de sus representantes legislativos, expresaron reparos ante la posible merma de recursos coparticipables que implicaría la baja del tributo. Frente a estos cuestionamientos, Bullrich remarcó que las negociaciones continúan, aunque con una línea roja definida. “Nada va contra nuestra bandera fundamental, que es la del superávit fiscal”, enfatizó.
En paralelo, el ministro del Interior, Diego Santilli, mantiene contactos con los mandatarios provinciales para despejar resistencias y acercar posiciones. En el Senado, además, se analizan alternativas para limitar el alcance del Fondo de Asistencia Laboral —que sería administrado por la Anses— exclusivamente a pequeñas y medianas empresas, como vía para destrabar el consenso final.
Desde el sector empresarial, la iniciativa es vista como una herramienta clave para reducir la litigiosidad laboral y el costo de las contrataciones. Destacan, en particular, la eliminación de multas y la previsibilidad que aportaría el nuevo sistema de indemnizaciones. En contraposición, organizaciones sindicales y representantes de los trabajadores advierten que el proyecto podría profundizar la precarización laboral, restringir el derecho a huelga en servicios esenciales y reducir los montos por despido al excluir ítems como el aguinaldo del cálculo indemnizatorio.
En este contexto, el impacto de la reforma se proyecta sobre un escenario social contradictorio. Mientras ciudades como Posadas registran un crecimiento del 8% en el arribo de turistas y un marcado influjo de visitantes brasileños que dinamizan el consumo, muchos trabajadores enfrentan empleos sin expectativas de progreso y salarios que apenas alcanzan para cubrir la canasta básica, a la espera de definiciones que podrían redefinir su estabilidad laboral.