El Gobierno anunció que apelará en los próximos días el fallo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 que ordenó suspender la aplicación del protocolo antipiquetes en manifestaciones, argumentando que se trata de una medida legítima que garantiza el derecho constitucional a la protesta.
Fuentes oficiales señalaron a Infobae que los operativos vinculados al protocolo “garantizan la paz social” y aseguraron que, a diferencia de lo indicado por el juez federal Martín Cormick, “no carecen de legitimidad”. La apelación se presentará ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal para sostener la medida, vigente desde los inicios de la gestión libertaria.
“El 70% de los argentinos apoya el protocolo. Esto es político. Se va a apelar. No vamos a dar un paso atrás. Sin protocolo vuelve el desorden”, afirmaron desde la Casa Rosada.
El Ministerio de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva, confirmó que impulsará la apelación. Según el comunicado oficial, la suspensión del protocolo implicaría un retorno al caos en las calles. La cartera destacó que el procedimiento es “legítimo” y cuenta con “fundamentos técnicos, jurídicos y operativos” que han permitido garantizar la libre circulación y proteger a quienes eligen trabajar, circular y vivir en paz.
El fallo de Cormick, que se dio a conocer en las últimas horas, respondió a un recurso presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). En su resolución, el juez consideró que la creación del protocolo excedió las facultades del Poder Ejecutivo, al legislar sobre aspectos penales y procesales que, según la Constitución, corresponden exclusivamente al Congreso.
Si bien en marzo pasado el magistrado había rechazado suspender los operativos y supervisó personalmente una marcha de jubilados, en esta oportunidad falló a favor del amparo presentado por el CELS.
El Gobierno negó que el protocolo vulnere derechos y destacó que ha sido validado por la Justicia en múltiples oportunidades. “Lejos de limitar derechos, organiza la metodología de las protestas y garantiza el ejercicio constitucional de la manifestación pacífica”, afirmaron fuentes oficiales.
Por su parte, Patricia Bullrich, actual diputada y antecesora de Monteoliva, cuestionó el fallo y apuntó a un trasfondo político. “¿Quién lo declara nulo? El mismo juez que siempre falla contra el Gobierno. Quienes celebran son los que viven del caos y la extorsión. Los perjudicados son los argentinos que quieren trabajar y vivir en paz”, sostuvo la dirigente de La Libertad Avanza.
El Gobierno reafirmó su decisión de defender el protocolo, respaldado según sus autoridades por la mayoría de la población, y ratificó que la medida se mantendrá como herramienta central para organizar las protestas sin alterar la convivencia urbana.