Tras un verano de alta actividad parlamentaria, el Gobierno nacional se prepara para encarar una agenda ambiciosa: cerca de 50 proyectos de ley que buscará enviar al Congreso a lo largo de 2026. Con el cierre de las sesiones extraordinarias en el horizonte, en la Casa Rosada confían en asegurar nuevas victorias legislativas y delinean la estrategia para el período ordinario que comenzará en marzo.
El presidente Javier Milei ya instruyó a sus ministros para que presenten alrededor de diez iniciativas por cartera, con el objetivo de priorizar y ordenar el paquete de reformas. “Tengo sobre la mesa cerca de 50 proyectos de ley, muchos de ellos muy relevantes”, señaló el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al anticipar que el mandatario definirá las prioridades una vez concluido el diseño integral del esquema normativo.
Cierre de extraordinarias y prioridades inmediatas
Antes de la apertura de sesiones ordinarias, el oficialismo apuesta a sancionar la ley de glaciares, el nuevo régimen penal juvenil, la modernización laboral y el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. Parte de estas discusiones se ajustaron por razones de estrategia parlamentaria, mientras que otras fueron postergadas deliberadamente para el calendario anual.
La planificación legislativa está a cargo de la denominada Mesa Política, integrada por referentes clave del Ejecutivo y del bloque oficialista, que en los últimos días terminó de ajustar la hoja de ruta para el tramo final de las extraordinarias.
El legado del Consejo de Mayo
Varios de los proyectos en carpeta fueron elaborados en el ámbito del Consejo de Mayo, organismo multisectorial que funcionó durante 2025 para consensuar políticas de Estado tras la firma del acuerdo impulsado por el Presidente.
De ese espacio surgieron iniciativas como la Ley de Libertad Educativa —que propone cambios en la organización y financiamiento del sistema— y un nuevo esquema de financiamiento universitario, recientemente incorporado a la agenda parlamentaria. También se redactó un Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria que busca prohibir el déficit y condicionar la vigencia de leyes con impacto presupuestario a la asignación previa de partidas.
Otro de los textos apunta a reglamentar la inviolabilidad de la propiedad privada, con modificaciones en los regímenes de expropiación y en los procedimientos de desalojo.
Reforma política y cambios electorales
En paralelo, el Ministerio del Interior, a cargo de Diego Santilli, retomó el debate por la reforma política. Entre los ejes centrales figuran mejoras a la Boleta Única en Papel (BUP), un endurecimiento de los controles sobre el financiamiento partidario y la eventual suspensión o eliminación definitiva de las PASO.
Uno de los cambios en análisis es la incorporación de un casillero que permita votar lista completa con una sola marca, simplificando el mecanismo actual. Según fuentes oficiales, la eliminación de las primarias es prioritaria por el costo fiscal que implican.
Nuevo Código Penal y reformas estructurales
Durante las sesiones ordinarias, el oficialismo buscará además impulsar un nuevo Código Penal. El anteproyecto, elaborado por una comisión de expertos convocada por el Poder Ejecutivo, pasó de 540 a 912 artículos tras sucesivas revisiones.
La propuesta contempla modificaciones en materia de corrupción, terrorismo y endurecimiento de penas. También amplía el alcance de la imprescriptibilidad —hasta ahora limitada a delitos de lesa humanidad— a figuras como homicidio simple y agravado y abuso sexual. Incorpora además nuevos delitos, como una tipificación más precisa del accionar de los “motochorros”, y refuerza la criminalidad ambiental y el financiamiento del terrorismo.
El texto mantiene leyes sancionadas en los últimos años, como la Interrupción Voluntaria del Embarazo, y conserva agravantes vinculados a delitos cometidos en contextos de discriminación por género, identidad u orientación sexual.
Acuerdos internacionales y agenda sectorial
Otro capítulo relevante será la aprobación del acuerdo comercial con Estados Unidos, que requerirá leyes complementarias para adecuar la normativa local a los compromisos asumidos por la Argentina.
En el Ministerio de Salud, encabezado por Mario Lugones, también se preparan iniciativas cuyo contenido se mantiene bajo reserva. Por el momento, no se prevén cambios en el régimen de patentamiento de medicamentos.
Finalmente, podrían sumarse modificaciones pendientes de la reforma laboral, entre ellas el régimen de licencias médicas. La Unión Industrial Argentina (UIA) ya presentó una propuesta que contempla el pago del 90% del salario durante los primeros diez días de licencia y del 100% del neto no remunerativo a partir del día once, compartiendo parcialmente el costo con el Estado.
Con este panorama, el Gobierno se encamina a un año de intensa actividad legislativa, en el que buscará consolidar su programa de reformas estructurales y ampliar su base de acuerdos en el Congreso.