En comunicación con Radio TupaMbaé, Cristian Castro, Técnico de Autoconvocados, abordó la compleja situación económica que enfrenta el sector docente frente a las cifras inflacionarias. Castro reveló que recientemente sostuvieron una reunión virtual los miembros de Autoconvocados y anunció que la próxima semana se llevará a cabo otra para determinar acciones concretas.
Además abordó la realidad económica actual de los docentes, señalando que aquellos con un solo cargo perciben 250 mil pesos, distribuidos en dos cuotas. Expresó su preocupación acerca de la insuficiencia de estos ingresos frente al incremento de los precios. Castro destacó que es necesario reflexionar sobre el futuro de la educación en este contexto.
En primer lugar, Cristian Castro, en su calidad de Técnico de Autoconvocados, declaró: «Ya no somos parte del Frente de Trabajo de Educación en Lucha (FTEL). Mantenemos nuestra conformación y organización como Autoconvocados en toda la provincia y existe una creciente preocupación por garantizar que el sector docente no se vea perjudicado en las negociaciones con el gobierno provincial debido a la inflación».
Continuando con sus declaraciones, enfatizó: «Este año se presenta sumamente desafiante, según los últimos datos del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, se proyecta que la inflación interanual alcanzará alrededor del 170 por ciento, con un 145 por ciento estimado para noviembre». Castro subrayó la discrepancia entre estas cifras y la falta de ajuste salarial para el sector docente.
Refiriéndose a datos oficiales del INDEC, agregó: «En el mes pasado, la inflación interanual fue del 120 por ciento, y como sector docente, no hemos experimentado una correspondiente recomposición salarial. Esta situación es alarmante, y nos inquieta aún más la incertidumbre respecto a los aportes nacionales a la provincia con el cambio de gobierno, especialmente en lo que respecta al incentivo docente y a la ley 26075 de financiamiento educativo».
En otro aspecto, puntualizó: «Diariamente, Nación destina 248 millones de pesos a Misiones para educación, según datos disponibles en la página del Ministerio de Economía. Estamos hablando de casi 5 mil millones de pesos mensuales destinados exclusivamente a educación, según los registros públicos. Es fundamental que estos fondos se utilicen conforme a su propósito original».
Además, hizo referencia a la Constitución de la Provincia de Misiones, que establece claramente que, como mínimo, el 20 por ciento de los recursos propios deben destinarse a educación. En este contexto, expresó su desconcierto al señalar: «Estamos hablando de entre 7 y 8 mil millones de pesos que deberían estar destinados a la educación, pero lamentablemente no observamos este respaldo reflejado en mejoras salariales, infraestructura o, preocupantemente, en la situación de los comedores escolares, especialmente en las zonas más remotas, donde la asignación de 28 pesos por niño resulta vergonzosa según lo que envía la provincia de Misiones».
En este sentido expresó la urgencia de abordar estas problemáticas de manera efectiva y urgente, subrayando la importancia de salvaguardar los derechos y condiciones laborales de los docentes en el actual contexto económico.
En relación a la reunión celebrada ayer entre los Autoconvocados, Cristian Castro, vocero del grupo, detalló: «La reunión que llevamos a cabo ayer por Zoom fue exclusiva de Autoconvocados de toda la provincia. Nos congregamos para discutir no solo cuestiones salariales, sino también aspectos como la inminente reglamentación de una nueva modalidad de puntaje, crucial para acceder a cargos jerárquicos».
«Es importante destacar que nosotros seguimos trabajando. El paro de ayer fue llevado a cabo por el Frente de Trabajadores en Lucha (FTEL), y hoy es el turno del MPL», añadió.
En cuanto a la solicitud de audiencia al gobierno, explicó que han «solicitado una audiencia al gobierno y estamos a la espera. Nos informan que aguardan definiciones a nivel nacional y que luego el ministro Safrán nos indicará la fecha en que nos recibirá».
Respecto al nuevo panorama educativo, apuntó: «La realidad es compleja, dado que el escenario nacional también presenta incertidumbres económicas. Sin embargo, nuestros reclamos van más allá de lo económico. Abordamos temas como el puntaje, sabiendo que a menudo personas acceden a cargos jerárquicos mediante la compra de pos títulos. Existe una gran preocupación al respecto».
«Abogamos por un proceso más transparente, preferiblemente gestionado por el gobierno, que ofrezca pos titulaciones de manera equitativa y accesible», aclaró.
Con relación a la plataforma Guacurarí, que fue ampliamente mencionada durante la pandemia, expresó: «A pesar de que se intentó presentar como un ejemplo a nivel nacional, la realidad es que nunca funcionó como se esperaba. Sería beneficioso que esta plataforma pueda operar efectivamente, brindando a los docentes la oportunidad de capacitarse y mejorar sus prácticas educativas de manera continua y gratuita».
Sobre el anuncio del Consejo General de Educación (CGE) sobre la implementación de capacitaciones y títulos a través de su página web, comentó: «Esto está vinculado con lo que te mencionaba anteriormente. No obstante, debemos esperar para evaluar su efectividad, ya que hasta ahora hemos enfrentado situaciones bastante opacas y ambiguas. Como Autoconvocados, llevamos tiempo señalando la problemática de los puntajes y los procesos para obtenerlos».
Enfatizó que «actualmente, existe desacuerdo generalizado entre los Autoconvocados en relación a la propuesta de otorgar puntajes por cargos lectivos. En la reciente reunión, la mayoría expresó su oposición a esta medida, especialmente en casos donde se asigna puntaje por ser concejal, con una discordancia en la terminología empleada en el borrador compartido, ya que se escribió ‘concejal con «s»‘. Lo que nosotros estamos señalando es que en los concejos deliberantes, la forma correcta es ‘concejal con «c»’”.
Acerca del nuevo sistema de registro y codificación que entrará en vigor el próximo año, afirmó: «Existe un borrador circulando y hay puntos en los que no estamos de acuerdo, por lo que plantearemos nuestras inquietudes al gobierno. Es por esto que buscamos abordar estas cuestiones no solo en relación a los salarios, sino también en la mesa de discusión».
En cuanto a la perspectiva futura, ante posibles recortes para el próximo año, expresó su preocupación: «Prácticamente el 90% de los recursos destinados a educación en la provincia provienen de Nación y cualquier recorte afectaría considerablemente al sector docente».
Sobre el tema de la infraestructura, señaló: «La mayoría de los fondos para infraestructura provienen de Nación. Además, la provincia depende en gran medida de los fondos provenientes de Nación en diversas áreas. La Ley de Financiamiento Educativo es fundamental en este sentido. Ya hemos experimentado reducciones en gobiernos anteriores, cuando la ley que establecía un 6% se redujo al 3,7%, y las escuelas técnicas fueron las más afectadas».
Como ejemplo dijo que «como docente de una escuela técnica, viví el impacto de esos recortes. Los estudiantes dejaron de recibir botas, y ahora solo obtienen pantalones de grafa y camisas. En el caso de la EPET en San Javier, dedicada a construcciones, dejaron de recibir tableros, escuadras y lapiceras. Esto hace que la adquisición de estos elementos por parte de los padres sea extremadamente difícil en la actualidad».
Por otra parte Castro abordó la relación entre el sueldo básico de los docentes y el costo de la canasta básica argentina. «En la actualidad, una docente recién iniciada percibe alrededor de 250 mil pesos, de los cuales aproximadamente 70 mil pesos son destinados a nación, a través de la paritaria nacional y el conocido Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).
Recordó que «una maestra con máxima antigüedad alcanza los 300 mil pesos. De esta manera, se evidencia la aceptada pirámide salarial. Además, como mencionaba anteriormente, tener un salario de 250 mil pesos y afrontar el costo de una canasta básica que supera los 300 mil pesos es una realidad que enfrentamos».
A su vez Castro resaltó la discrepancia entre la concepción de la canasta básica como aplicada a una familia tipo y la realidad de muchos docentes. «A menudo nos dicen que la canasta básica está calculada para una familia tipo con ambos padres aportando, pero la realidad es diferente. En muchos casos, la maestra de grado es quien sostiene económicamente a la familia, ya que no existe pleno empleo como sostiene el gobierno provincial».
Finalmente, compartió su perspectiva sobre el escenario futuro y el inicio del ciclo lectivo 2024: «Como docentes, siempre le hemos expresado al gobierno nuestra voluntad de estar en el aula. El docente se prepara para estar frente a los estudiantes, ante un pizarrón, y no participando en cortes de ruta, lo cual es una situación desagradable y desfavorable».
«Este año exploramos otras formas de protesta, y en una ocasión, cuando fuimos al Consejo de Educación, algunos colegas recibieron denuncias penales injustificadas, alegando supuestos robos y usurpación, situaciones que en realidad no ocurrieron, ya que cualquier persona podía entrar y salir, trabajar libremente. Estas son cuestiones que presentan complicaciones significativas», concluyó.