La presidente del Consejo Provincial de Discapacidad de Misiones, Tatiana Antúnez, cuestionó las modificaciones incluidas en el proyecto de Presupuesto 2027 y advirtió que podrían afectar a familias, profesionales y beneficiarios. También reclamó que el Consejo Federal de Discapacidad no haya sido consultado.
La presidente del Consejo Provincial de Discapacidad de Misiones, Tatiana Antúnez, cuestionó las modificaciones vinculadas con discapacidad incluidas en el proyecto de Presupuesto Nacional 2027 y advirtió sobre sus posibles efectos en el acceso a tratamientos, las pensiones y el financiamiento de las prestaciones.
Uno de los principales puntos señalados por la funcionaria es el artículo 39 del proyecto, que modifica el esquema previsto en la Ley 24.901 y establece cambios en el Nomenclador de Prestaciones Básicas. Según explicó, el proyecto elimina los valores universales que actualmente funcionan como referencia para los distintos financiadores y permite que cada ente obligado determine los montos que reconoce a los prestadores.
Para Antúnez, esta modificación puede generar diferencias entre el valor reconocido por una cobertura y el costo real de una prestación. En ese escenario, sostuvo, la diferencia podría terminar afectando a las familias o a los profesionales.
“Hoy te garantiza un piso mínimo de derechos y de dignidad”, afirmó durante una entrevista con FM 89.3 Santa María de las Misiones.
La funcionaria recordó que actualmente existen distintas modalidades de pago. Algunas obras sociales trabajan mediante reintegros, por lo que las familias deben adelantar el dinero, mientras que otras abonan directamente a los prestadores. Su preocupación es que una mayor fragmentación de los valores reconocidos profundice las situaciones en las que los beneficiarios deban afrontar con recursos propios parte de los tratamientos.
“La mayoría no llega a fin de mes, no puede pagar la canasta básica, se endeuda para comprar comida. Imaginate si además tiene que sacar para las terapias”, planteó.
El impacto sobre los profesionales
Antúnez también puso el foco en los profesionales que integran la red de atención. Fonoaudiólogos, terapistas ocupacionales, profesionales de educación especial y otros prestadores dependen de los aranceles reconocidos por las obras sociales y organismos públicos para sostener tratamientos que, en muchos casos, requieren continuidad.
Según su planteo, si los valores establecidos por los financiadores no alcanzan para cubrir el costo de las prestaciones y las familias tampoco pueden afrontar la diferencia, el impacto puede trasladarse sobre los honorarios profesionales o incluso afectar la disponibilidad de determinados prestadores.
En la misma línea se había expresado Pablo Molero, coordinador del Foro Permanente de Discapacidad, quien señaló que el abandono de un arancel universal podría generar negociaciones desiguales entre financiadores y prestadores. También destacó que las instituciones y profesionales deben afrontar estructuras, personal y requisitos específicos cuyos costos permanecen.
Antúnez mencionó además las diferencias vinculadas con las distintas regiones del país y los adicionales correspondientes a zona desfavorable. En ese sentido, planteó que una mayor fragmentación del sistema de financiamiento podría profundizar las desigualdades territoriales.
Pensiones: el regreso al criterio de incapacidad laboral
Otro de los aspectos cuestionados por la presidenta del Consejo Provincial es el cambio previsto para las pensiones por discapacidad.
Según explicó, el proyecto vuelve a vincular el acceso a la pensión con la imposibilidad de trabajar y modifica disposiciones que habían establecido la compatibilidad entre la prestación y el empleo formal.
“Hay muchas personas con discapacidad que pueden trabajar”, remarcó Antúnez.
La funcionaria sostuvo que tener un empleo no elimina necesariamente los gastos asociados con tratamientos, rehabilitación, medicación, transporte u otros apoyos que puede requerir una persona con discapacidad.
Desde su perspectiva, modificar las condiciones de compatibilidad podría generar situaciones en las que una persona deba optar entre acceder a un empleo formal o conservar una prestación que contribuye a afrontar esos gastos.
El reclamo por los fondos destinados a discapacidad
La discusión sobre el financiamiento también llevó a Antúnez a cuestionar la utilización de los recursos específicos destinados a discapacidad.
La funcionaria recordó que el Fondo Nacional de Discapacidad cuenta con fuentes de financiamiento establecidas legalmente y mencionó particularmente los recursos provenientes del régimen de cheques.
“No entiendo, si hay fondos disponibles, por qué no se están utilizando para las personas con discapacidad”, sostuvo durante la entrevista.
El planteo también había sido formulado por Antúnez ante las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Allí cuestionó las demoras en la llegada de recursos a programas y beneficiarios y señaló que en Misiones hubo proyectos que esperaron alrededor de ocho meses para recibir desembolsos.
Para la funcionaria, cualquier modificación del esquema de financiamiento debe analizarse en relación con la situación actual de los recursos destinados a discapacidad.
Antúnez aclaró que considera necesaria una revisión del funcionamiento estatal y que existen aspectos que pueden ser mejorados, pero cuestionó que esa reorganización implique, según su interpretación, un retroceso en mecanismos de cobertura y derechos ya reconocidos.
“El Consejo Federal no fue consultado”
Otro de los cuestionamientos planteados por Antúnez está relacionado con la participación del Consejo Federal de Discapacidad en la discusión de las modificaciones.
La presidenta del organismo provincial aseguró que el Consejo Federal no fue consultado previamente y rechazó una afirmación realizada durante el debate parlamentario según la cual el organismo habría acompañado las medidas.
“En ese mismo instante dije: ‘Eso es mentira’”, relató.
Según sostuvo, las actas del Consejo Federal son públicas y ninguna de las provincias que lo integran, independientemente de su signo político, aprobó medidas que impliquen una regresión de derechos. También recordó que el respaldo a la Ley de Emergencia en Discapacidad había sido unánime.
Antúnez explicó que representantes provinciales, legisladores y organizaciones habían llegado al Congreso para discutir la prórroga de la emergencia en discapacidad, pero se encontraron con un escenario diferente: el proyecto de Presupuesto 2027 incorporaba artículos que modificaban o derogaban instrumentos vinculados con esa legislación.
“Fue una sorpresa para todos”, resumió.
La funcionaria también planteó objeciones desde el punto de vista jurídico y sostuvo que las modificaciones propuestas deben analizarse a la luz de la legislación nacional y de los compromisos internacionales asumidos por Argentina en materia de derechos de las personas con discapacidad.
“Nosotros no podemos retroceder en materia de derechos cuando hay tantos derechos conquistados”, afirmó.
El impacto en Misiones
Al referirse a la cantidad de personas alcanzadas, Antúnez señaló que el impacto de las modificaciones no debería medirse únicamente a partir de los beneficiarios directos de las prestaciones.
Según los datos mencionados por la funcionaria, Misiones cuenta con alrededor de 36.460 personas con discapacidad, mientras que aproximadamente 48.000 personas están afiliadas al programa Incluir Salud.
Antúnez remarcó que detrás de cada beneficiario existe una familia y una red integrada por profesionales, instituciones, transportistas y cuidadores. Por ese motivo, sostuvo que las consecuencias económicas de los cambios podrían alcanzar a un universo mayor que el de las personas registradas directamente en los programas.
Durante su exposición ante Diputados también había mencionado dificultades vinculadas con tratamientos, medicamentos de alto costo, elementos ortopédicos, cirugías y pagos a prestadores. Entre los casos señalados se refirió a tratamientos para hemofilia cuyo costo, según detalló, puede ubicarse entre $30 millones y $40 millones por paciente.
“Esto no puede depender de la caridad”
Hacia el final de la entrevista, Antúnez cuestionó que la continuidad de tratamientos pueda quedar condicionada a la capacidad económica de las familias o a la ayuda de terceros.
A partir de una comparación con la solidaridad ocasional de quienes ayudan a una persona que pide dinero en la calle, sostuvo que un tratamiento médico de alto costo no puede depender de esa lógica.
“Espero que nadie necesite de la caridad de nadie, porque esto no puede depender de la caridad de otras personas”, afirmó.
Para la presidenta del Consejo Provincial de Discapacidad, el eje de la discusión está en garantizar la continuidad de las prestaciones mediante políticas públicas.
“Esto es política pública y tiene que funcionar por el esquema solidario del Estado, no por la caridad de ninguna persona”, concluyó.