Luego de la maratónica sesión en el Senado que terminó con la aprobación de la reforma laboral, el Gobierno buscará este jueves encadenar un nuevo respaldo político en la Cámara de Diputados. En el temario aparecen dos iniciativas clave para la Casa Rosada: la media sanción del nuevo Régimen Penal Juvenil —que propone bajar la edad de imputabilidad a 14 años— y la ratificación del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. En el oficialismo estiman que el debate podría extenderse entre 14 y 16 horas.
Ambos proyectos obtuvieron dictamen este miércoles en sus respectivos plenarios de comisión con amplio apoyo de bloques aliados, lo que garantiza el quórum para abrir la sesión. En las filas libertarias aseguran contar con los votos necesarios para aprobar las iniciativas, aunque admiten que en la votación en particular del régimen penal juvenil podría haber cambios o resistencias puntuales.
Régimen Penal Juvenil
El proyecto impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, establece en 14 años la edad mínima de punibilidad para delitos graves como homicidio, robo con violencia, abuso sexual o secuestro. Fija una pena máxima de hasta 15 años de prisión para esos casos.
Para delitos con penas menores a los 10 años, la iniciativa contempla alternativas a la cárcel, entre ellas la prohibición de acercamiento a la víctima, la realización de servicios comunitarios, el monitoreo electrónico y la reparación integral del daño. También se prevén sanciones como la amonestación, la prohibición de concurrir a determinados lugares o de conducir vehículos.
El texto habilita, además, la suspensión del juicio a prueba y la mediación penal juvenil en infracciones leves, con intervención obligatoria de todas las partes y consentimiento expreso de la víctima.
Uno de los ejes centrales es la creación de institutos especializados para el alojamiento de menores condenados, donde se garantice el acceso a educación, atención médica y tratamiento por adicciones. El personal deberá contar con formación específica en niñez y adolescencia y se prohíbe expresamente la convivencia con detenidos mayores de edad.
La iniciativa también incorpora el reconocimiento explícito de los derechos de las víctimas en el proceso penal juvenil: podrán ser informadas, escuchadas, contar con patrocinio jurídico, recibir asistencia psicológica y participar en instancias relevantes, incluidos mecanismos restaurativos cuando corresponda.
El dictamen de mayoría fue acompañado por el PRO, la UCR, el MID, el interbloque Unidos y bloques provinciales como Independencia (Tucumán), Producción y Trabajo (San Juan) e Innovación Federal (Salta y Misiones), un esquema que le otorga al oficialismo una base sólida para la votación en el recinto.
Acuerdo Mercosur-UE
A diferencia del régimen penal juvenil, la ratificación del tratado entre el Mercosur y la Unión Europea se votará sin posibilidad de modificaciones: los diputados deberán aprobar o rechazar el texto completo.
En el plenario de las comisiones de Mercosur y Relaciones Internacionales, el Frente de Izquierda presentó un dictamen de rechazo y Unión por la Patria optó por no firmar despacho. El resto de los bloques acompañó al oficialismo.
Desde la oposición cuestionaron la celeridad del tratamiento. El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, advirtió: “Son 4400 páginas, casi mil artículos. ¿Alguien puede decir que leyó a conciencia el acuerdo?”. También reclamó que el canciller Pablo Quirno no expuso en detalle ante el Congreso y que no se escuchó a todos los sectores productivos involucrados.
El ex canciller Santiago Cafiero fue uno de los más críticos: sostuvo que se trata del mismo acuerdo negociado durante la gestión de Mauricio Macri y afirmó que, si bien es positivo avanzar en un tratado con la Unión Europea, el texto actual “es un mal acuerdo”.
En el oficialismo explican que la estrategia apunta a que la Argentina sea el primer país del Mercosur en ratificar el tratado a nivel parlamentario, con el objetivo de obtener ventajas comerciales frente a sus socios regionales. El acuerdo se divide en un capítulo político y otro económico.
La parte política quedó momentáneamente frenada luego de que el Parlamento Europeo decidiera remitir el texto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para analizar su compatibilidad con los tratados comunitarios, un proceso que podría demorar hasta dos años. Sin embargo, las facultades para avanzar en aspectos económicos ya fueron delegadas en el Consejo Europeo, lo que permitiría iniciar negociaciones con los países que lo ratifiquen, por ejemplo para acceder prioritariamente a cuotas de exportación de carne.
Brasil ya dictaminó el acuerdo y prevé tratarlo en el recinto el 24 de febrero, tras el Carnaval. Uruguay, en tanto, extenderá el análisis parlamentario hasta el 27 de febrero para escuchar a los sectores productivos involucrados.
Con el antecedente inmediato del triunfo en el Senado, el Gobierno apuesta a consolidar en Diputados una nueva victoria legislativa que refuerce su agenda de reformas en materia de seguridad y apertura comercial.