La Libertad Avanza incorporó cambios al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada para recuperar las restricciones de la Ley de Tierras, derogada por el DNU 70/23. La iniciativa obtuvo dictamen y será debatida el 21 de octubre, mientras la oposición busca derogar el decreto en una sesión prevista para este jueves.
El Gobierno nacional acordó con bloques aliados en la Cámara de Diputados restablecer los límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. La modificación fue incorporada al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que obtuvo dictamen de comisión y será tratado en el recinto el próximo 21 de octubre.
La decisión busca atender los cuestionamientos de sectores aliados a la posibilidad de que extranjeros adquieran tierras sin las restricciones establecidas por la legislación anterior, sin avanzar en la derogación completa del DNU 70/23 impulsado por el presidente Javier Milei.
El acuerdo se produjo en la antesala de una sesión convocada por la oposición para este jueves, en la que se buscará reunir el quórum necesario para debatir la derogación del decreto de desregulación económica.
Los cambios incorporados al proyecto
Durante el plenario de las comisiones de Legislación General y Asuntos Constitucionales, el diputado radical Diógenes González propuso sumar dos artículos al dictamen. El artículo 38 deja sin efecto el artículo 134 del DNU 70/23, que había derogado la Ley de Tierras, mientras que el artículo 39 restablece la vigencia de la Ley 26.737.
La norma, sancionada en diciembre de 2011, establece que las personas físicas o jurídicas extranjeras no pueden ser titulares de más del 15% de las tierras rurales del país, de cada provincia ni de cada departamento. También fija un límite del 30% para la participación de personas de una misma nacionalidad dentro del cupo de tierras habilitado para extranjeros.
Además, contempla restricciones para la adquisición de terrenos rurales que contengan cuerpos de agua de importancia y para las operaciones en zonas de seguridad de frontera.
La restitución de estos límites coincide con una decisión reciente de la Corte Suprema de Justicia, que mediante una medida cautelar interina repuso temporalmente la vigencia de la Ley de Tierras, derogada por el decreto presidencial.
Una estrategia para evitar la derogación total del DNU
La modificación del proyecto apunta a responder a las diferencias entre La Libertad Avanza y sus aliados parlamentarios respecto de la desregulación de la compra de tierras rurales. Mientras algunos bloques respaldan cambios en esa materia, mantienen reparos frente a la derogación integral del decreto, que abarca numerosos sectores de la economía.
El DNU 70/23 introdujo modificaciones en áreas como el comercio, el transporte, el mercado laboral, la salud y el sector inmobiliario. Entre otras medidas, derogó las leyes de Abastecimiento, Góndolas, Compre Nacional y Alquileres, además de modificar las regulaciones sobre las cuotas de las empresas de medicina prepaga y el mercado aerocomercial.
Desde el oficialismo sostienen que una derogación completa podría generar incertidumbre administrativa y judicial debido a la cantidad de normas alcanzadas por el decreto.
Durante el debate en comisión, la diputada de Unión por la Patria Paula Penacca cuestionó el cambio de posición del oficialismo. Señaló que la restitución de una ley sancionada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner contradice la orientación que el Presidente había respaldado con la firma del DNU 70/23.
Qué establece la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada
El proyecto, que obtuvo media sanción del Senado a principios de agosto, incluye otras modificaciones vinculadas con la protección de la propiedad privada.
Entre sus principales disposiciones, propone establecer mayores exigencias para las expropiaciones, con la obligación del Estado de justificar expresamente la declaración de utilidad pública. También modifica los criterios para calcular las indemnizaciones, al contemplar el valor de mercado y el lucro cesante.
La iniciativa incorpora, además, un procedimiento de restitución sumaria de inmuebles ocupados, que podría concretarse en un plazo de 72 horas cuando el propietario acredite su derecho mediante la documentación correspondiente. En materia de alquileres, prevé que el locador intime al inquilino y le otorgue diez días para cancelar la deuda antes de avanzar con el desalojo por falta de pago.
Con los cambios incorporados en Diputados, el proyecto deberá regresar al Senado para su aprobación definitiva si obtiene la sanción de la Cámara baja.
El debate parlamentario tendrá lugar en un escenario de negociaciones entre el oficialismo y sus aliados, con la discusión sobre los alcances del DNU 70/23 como uno de los principales puntos de tensión.