La Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría el nuevo Régimen Penal Juvenil impulsado por el Gobierno, que establece la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La iniciativa obtuvo 149 votos afirmativos, 100 negativos y ninguna abstención, y ahora deberá ser tratada por el Senado.
El proyecto fue promovido por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y contó con el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Provincias Unidas, el MID, Innovación Federal, Encuentro Federal, Independencia, La Neuquinidad, Producción y Trabajo y Por Santa Cruz, entre otros bloques provinciales.
El peronismo votó en contra en general y logró mantener la unidad al momento de la definición principal, sumando incluso a los legisladores de Elijo Catamarca, alineados con el gobernador Raúl Jalil. Sin embargo, durante la votación en particular, los diputados del Frente Renovador acompañaron el artículo que fija la punibilidad desde los 14 años. Según argumentaron, la decisión respondió a la “posición histórica” del espacio, que en 2015 ya había presentado un proyecto de Código Penal con ese límite etario.
Penas y medidas alternativas
Además de reducir la edad de imputabilidad, la norma establece una pena máxima de hasta 15 años de prisión para delitos graves como homicidios, robos con violencia, abusos sexuales y secuestros.
Para delitos con condenas menores a los 10 años, el texto prevé un esquema de sanciones alternativas que incluye amonestaciones, prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación integral del daño, restricción de concurrencia a determinados lugares y prohibición de conducir vehículos.
El régimen también contempla la creación de institutos especializados para menores condenados, con personal capacitado en infancia y adolescencia. La ley prohíbe expresamente cualquier tipo de convivencia con detenidos mayores de edad y garantiza el acceso a educación, atención médica y tratamiento por adicciones.
En casos de infracciones leves, se habilita la suspensión del proceso a prueba y la mediación penal juvenil, con participación obligatoria de las partes y consentimiento expreso de la víctima.
Reconocimiento de las víctimas
Uno de los ejes centrales del proyecto es la incorporación explícita de los derechos de las víctimas dentro del proceso penal juvenil. La norma garantiza su derecho a ser informadas, escuchadas, contar con patrocinio jurídico, recibir asistencia psicológica y participar en instancias relevantes, incluidos mecanismos restaurativos.
Durante el debate, la diputada libertaria Laura Rodríguez Machado, titular de la Comisión de Legislación Penal y miembro informante del proyecto, sostuvo que el régimen vigente —sancionado en 1980— “no previene, no resocializa y no repara”, ni ofrece respuestas adecuadas a las víctimas. Afirmó además que el nuevo texto incorpora estándares internacionales suscriptos por la Argentina que aún no habían sido plasmados en una ley específica.
Debate y críticas
Desde la oposición, el dirigente Juan Grabois cuestionó el enfoque de la reforma y advirtió que el problema de la delincuencia juvenil no se resuelve con la baja de la edad. Planteó que el debate debería centrarse en la salud mental y los consumos problemáticos, y reclamó herramientas para la internación de adolescentes en situaciones críticas.
En la misma línea, el diputado Juan Carlos Molina cuestionó que la discusión se concentre en el endurecimiento penal en lugar de fortalecer políticas educativas y sociales. En contraste, el legislador libertario Santiago Santurio defendió la iniciativa como una respuesta necesaria frente a delitos graves cometidos por menores y como una señal de respaldo a las víctimas.
Presupuesto y reclamos provinciales
En la última versión del dictamen, el oficialismo incorporó una partida presupuestaria específica para la implementación del régimen, por un total de $23.739.155.303. De ese monto, $3.131.996.784 serán destinados al Ministerio de Justicia y $20.607.158.518 a la Defensoría General de la Nación.
La inclusión del artículo respondió a planteos de gobernadores, que habían advertido que no acompañarían la iniciativa si el costo recaía exclusivamente en las provincias. Desde distritos provinciales señalaron que el mayor impacto no estará en la infraestructura sino en los gastos corrientes derivados de la incorporación de personal especializado y equipos interdisciplinarios.
El diputado Miguel Ángel Pichetto respaldó la reducción de la edad de punibilidad, aunque advirtió que sin inversión sostenida en establecimientos adecuados y educación la reforma podría quedar desvirtuada.
El debate fue seguido desde los palcos por familiares de víctimas de delitos cometidos por menores, que respaldaron la iniciativa. Con la media sanción obtenida, el oficialismo confía en avanzar con la aprobación definitiva en el Senado antes de que concluyan las sesiones extraordinarias.