En una extensa sesión que se desarrolló durante la madrugada, la Cámara de Diputados aprobó la reforma de la Ley de Glaciares con 137 votos a favor y 111 en contra, otorgándole sanción definitiva a una iniciativa impulsada por el oficialismo y acompañada por bloques aliados.
Con 129 legisladores presentes, el oficialismo logró reunir el quórum necesario para habilitar el debate. A los diputados de La Libertad Avanza se sumaron el PRO, la UCR y distintos espacios provinciales, lo que permitió avanzar con el tratamiento sin sobresaltos y consolidar una mayoría que luego se reflejó en la votación final.
El desarrollo de la sesión estuvo marcado por una estrategia de bajo perfil por parte del oficialismo. Con los votos asegurados, varios oradores libertarios desistieron de sus exposiciones. “Están los votos, que se queden con los discursos”, deslizó un legislador del bloque durante el debate.
La señal más clara de confianza en el resultado se dio cerca de las 22, cuando la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, ingresó al recinto y siguió desde los palcos el tramo final de la discusión.
Debate y posiciones enfrentadas
Antes de abordar el proyecto central, la oposición impulsó nueve pedidos de apartamiento del reglamento, principalmente desde Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, todos rechazados por la mayoría oficialista con apoyo de sus aliados.
El debate de fondo fue abierto por el diputado sanjuanino José Peluc, quien defendió la reforma y cuestionó las críticas opositoras: “Ustedes leen hasta donde quieren y entienden hasta donde quieren”, lanzó durante su exposición.
En la misma línea, el libertario Nicolás Mayoraz sostuvo que la iniciativa busca compatibilizar el desarrollo económico con la protección ambiental. “Estamos demostrando que el desarrollo sustentable es posible”, afirmó.
Desde la oposición, en tanto, las críticas fueron contundentes. El diputado Maximiliano Ferraro calificó la reforma como “regresiva e inconstitucional” y denunció la influencia del sector minero en la redacción del proyecto.
Por su parte, Miguel Ángel Pichetto rechazó la modificación al considerar que la ley original de 2010 era “autosuficiente” y advirtió sobre el debilitamiento del rol técnico del IANIGLA. “No existe ningún argumento que avale este cambio”, sostuvo.
También el diputado Juan Grabois expresó un fuerte rechazo al proyecto, al que definió como “una ley envenenada”, y alertó sobre posibles consecuencias ambientales vinculadas a la actividad minera.
Un cambio con impacto económico y ambiental
La reforma aprobada introduce modificaciones que, según el oficialismo, permitirán impulsar inversiones en el sector minero y fomentar el desarrollo de economías regionales. Sin embargo, desde sectores opositores y organizaciones ambientalistas advierten que los cambios podrían afectar la protección de los glaciares y las reservas de agua.
Con la sanción definitiva, la nueva normativa abre un escenario de debate que trasciende el ámbito legislativo y pone en tensión dos ejes centrales: el impulso a la actividad económica y la preservación ambiental.