El proyecto obtuvo un amplio respaldo opositor tras una negociación que incorporó modificaciones reclamadas por distintos bloques. El texto mantiene las pensiones no contributivas, la actualización por inflación y la compatibilidad con el empleo formal bajo determinadas condiciones. Ahora deberá ser tratado por el Senado.
La Cámara de Diputados de la Nación aprobó una nueva ley de Discapacidad con 237 votos afirmativos, 9 negativos y 4 abstenciones, luego de una extensa jornada de debate y negociaciones entre el oficialismo y los bloques opositores. La iniciativa busca establecer un régimen permanente y reemplazar la actual Emergencia en Discapacidad, cuya vigencia concluye a fin de año.
El proyecto consiguió una mayoría de dos tercios y fue respaldado por Unión por la Patria, el PRO, la Unión Cívica Radical, gran parte de Provincias Unidas, la Coalición Cívica y la mayoría de los bloques provinciales. Tras su aprobación en la Cámara baja, la iniciativa será girada al Senado para continuar el trámite legislativo.
El acuerdo se alcanzó después de que el oficialismo aceptara las modificaciones planteadas por la oposición. Entre los principales puntos, el texto ratifica el sistema de pensiones no contributivas por discapacidad, contempla su actualización por inflación y conserva el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como principal vía de acceso al beneficio.
Además, mantiene el nomenclador universal de prestaciones básicas y el arancel unificado, con el objetivo de preservar un esquema común de valores para los servicios destinados a las personas con discapacidad.
Los principales cambios del proyecto
Uno de los aspectos centrales de la iniciativa es la continuidad de las pensiones no contributivas por discapacidad, cuyo monto se establece en el equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio. El texto también preserva la compatibilidad entre la percepción de la pensión y el empleo formal, siempre que los ingresos de la persona beneficiaria no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles.
Durante las negociaciones, los bloques opositores reclamaron garantías adicionales para el acceso a la cobertura sanitaria. En respuesta, el proyecto incorpora previsiones para que los titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral y por discapacidad puedan acceder a las prestaciones básicas contempladas en la Ley 24.901, mediante el Programa Incluir Salud.
El texto también establece mecanismos de financiamiento específicos. Prevé partidas presupuestarias del Ministerio de Salud destinadas a sostener el sistema y contempla compensaciones del Tesoro nacional si los recursos resultaran insuficientes. Asimismo, dispone que el ingreso por beneficiario no pierda poder adquisitivo respecto del año anterior.
En materia de controles, la iniciativa establece auditorías periódicas a cargo de la Secretaría Nacional de Discapacidad, mediante el cruce de información con organismos como la Anses, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Renaper y el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS).
El proyecto contempla la posibilidad de suspender preventivamente un beneficio ante incumplimientos objetivos, aunque establece garantías de debido proceso, notificación y rehabilitación provisoria.
Por otra parte, si al momento de la sanción de la ley permanecieran deudas con prestadores, el Poder Ejecutivo deberá publicar un cronograma de pagos dentro de los 30 días y cancelar los compromisos pendientes en un plazo de 90 días.
El Presupuesto 2027, en el centro de la negociación
Las conversaciones entre el oficialismo y la oposición se habían iniciado semanas atrás, a partir de los reclamos de organizaciones de personas con discapacidad para prorrogar la emergencia aprobada el año anterior.
La discusión tomó otro rumbo cuando el Gobierno presentó el proyecto de Presupuesto 2027, que incluía medidas de ajuste en el área. Entre ellas, se proponía modificar los criterios de acceso a las pensiones por invalidez laboral, eliminar el CUD como vía directa para obtener el beneficio, establecer la incompatibilidad entre la pensión y el empleo formal y derogar el arancel único del nomenclador de prestaciones básicas.
Ante los cuestionamientos, el oficialismo se comprometió a dejar de lado esas medidas y avanzó en una propuesta que recupera buena parte del sistema vigente.
Durante el debate, el diputado misionero Oscar Herrera Ahuad, del bloque Argentina Federal, fue uno de los interlocutores de las negociaciones. Al presentar las modificaciones reclamadas por la oposición, sostuvo que su bloque no acompañaría el proyecto si no se aceptaban los cambios y pidió un compromiso explícito para eliminar los recortes previstos en el Presupuesto 2027.
Por su parte, el diputado de La Libertad Avanza Gerardo Huesen anticipó que el oficialismo aceptaría las sugerencias planteadas.
El respaldo de la oposición y las diferencias
Desde Unión por la Patria, Juan Marino reconoció que la oposición no contaba con los votos necesarios para prorrogar la emergencia y explicó que las conversaciones con las organizaciones del sector apuntaron a evitar retrocesos en los derechos y las prestaciones existentes.
En la misma línea, Victoria Tolosa Paz destacó que el acuerdo incorporó garantías de cobertura sanitaria, protección de las asignaciones familiares, requisitos de acceso a las pensiones, compatibilidad con el trabajo registrado y mayores resguardos frente a posibles bajas de beneficios.
La diputada oficialista Laura Rodríguez Machado, en tanto, defendió el trabajo de negociación y sostuvo que la sensibilidad social puede compatibilizarse con la responsabilidad fiscal.
No todos los sectores acompañaron la iniciativa. Los diputados cordobeses de Provincias Unidas y Unión por la Patria votaron en contra al cuestionar la participación de las organizaciones de personas con discapacidad en la elaboración del proyecto. La izquierda se abstuvo y planteó objeciones vinculadas con la falta de actualización de las deudas con los prestadores.
El respaldo alcanzado en Diputados permitió avanzar con una propuesta que, según los sectores que participaron del acuerdo, busca dar continuidad por ley a componentes centrales del sistema de discapacidad, en lugar de depender de sucesivas prórrogas de la emergencia.
Ahora, el Senado deberá analizar el texto para definir si se convierte en ley.