En una sesión atravesada por fuertes cruces políticos y negociaciones de último momento, la Cámara de Diputados aprobó en las últimas horas el proyecto de reforma laboral impulsado por el oficialismo, aunque introdujo una modificación clave: eliminó el artículo 44, que recortaba licencias pagas por enfermedades y accidentes no laborales.
Con ese cambio, la iniciativa deberá regresar al Senado para su tratamiento final. El Gobierno apuesta a convertirla en ley antes del 1 de marzo, cuando el presidente Javier Milei inaugurará el período de sesiones ordinarias del Congreso.
El proyecto fue aprobado en general por 135 votos afirmativos y 115 negativos, sin abstenciones. La Libertad Avanza logró sostener la mayoría con el acompañamiento del PRO, la UCR y el MID, además de bloques provinciales que resultaron determinantes para garantizar el quórum.
El rol de los gobernadores
El oficialismo alcanzó el número mínimo de 130 diputados presentes para iniciar el debate. A los 95 legisladores libertarios se sumaron aliados habituales y representantes de espacios provinciales, varios de ellos alineados con gobernadores que jugaron un papel central en la jornada.
Entre quienes facilitaron el quórum estuvieron legisladores que responden a Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Marcelo Orrego (San Juan), Gustavo Sáenz (Salta) y Mario Pasalacqua (Misiones), entre otros.
La decisión de algunos diputados de dar quórum y luego votar en contra generó cuestionamientos desde Unión por la Patria, que intentó sin éxito dejar sin número la sesión. El jefe del bloque peronista, Germán Martínez, había advertido antes del inicio que “dar quórum es lo mismo que votar”.
Sobre el final del debate se produjo un momento de tensión cuando la oposición intentó forzar el levantamiento de la sesión al advertir una ausencia circunstancial de legisladores oficialistas en el recinto. La maniobra no prosperó y el oficialismo logró retomar el control para avanzar con la votación.
La eliminación del artículo 44
La principal concesión del Gobierno fue la supresión del artículo 44, que modificaba el régimen de licencias pagas por accidentes o enfermedades no vinculadas al trabajo.
El texto que había aprobado el Senado establecía que el trabajador percibiría el 50% o el 75% del salario básico —según el origen del hecho— y durante un plazo más acotado que el vigente. La propuesta generó fuerte polémica pública tras declaraciones del ministro Federico Sturzenegger, quien ejemplificó con lesiones deportivas, lo que derivó en críticas y presión de bloques aliados para retirar el artículo.
El jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, confirmó la eliminación del punto al inicio del tratamiento, con el objetivo de ampliar consensos y asegurar los votos necesarios.
Los ejes de la reforma
Más allá de esa modificación, el proyecto mantiene cambios estructurales en el régimen laboral:
- Convenios colectivos: prioriza los acuerdos por empresa o región sobre los sectoriales y elimina la ultraactividad.
- Fondo de Asistencia Laboral (FAL): crea un fondo financiado con aportes patronales para afrontar indemnizaciones.
- Indemnizaciones por despido: sostiene el criterio de un salario por año trabajado, pero excluye del cálculo conceptos no mensuales como el aguinaldo y fija nuevos topes. También habilita el pago en cuotas por sentencia judicial.
- Vacaciones: permite el fraccionamiento en períodos no menores a siete días corridos.
- Banco de horas: habilita la compensación de horas extra bajo acuerdos escritos.
- Trabajadores de plataformas: crea la figura del “repartidor independiente”, bajo contrato de servicios.
- Derecho a huelga: amplía la nómina de servicios esenciales y fija niveles mínimos de prestación.
- Blanqueo laboral: establece condonaciones parciales de deudas previsionales y beneficios para la registración.
Desde el oficialismo defendieron la iniciativa como una herramienta para reducir la litigiosidad y promover el empleo formal. La oposición la calificó como regresiva y anticipó que buscará derogarla si cambia la correlación de fuerzas en el Congreso.
Ahora, la definición vuelve al Senado. Allí el oficialismo intentará blindar el texto modificado y darle sanción definitiva a una de las reformas centrales del programa económico del Gobierno.