Durante la gestión de Alberto Fernández, las obras sociales sindicales recibieron un total de USD 5.500 millones en reintegros y subsidios, distribuidos entre 291 entidades. Estos fondos fueron destinados para cubrir tratamientos complejos, medicamentos de alto costo y prestaciones por discapacidad, y fueron administrados a través del Fondo Solidario de Redistribución, bajo la supervisión de la Superintendencia de Servicios de Salud.
El viernes 1 de marzo, entró en vigencia el decreto 170/2024, desregulando las obras sociales y permitiendo la libre elección de prestadores de servicios por parte de los trabajadores, sin necesidad de intermediación sindical. Esta medida, que afecta a más de 14 millones de trabajadores, generó un nuevo conflicto con la CGT, en un contexto de tensiones sindicales por la pérdida del poder adquisitivo y ajustes gubernamentales.
La decisión gubernamental de desregular las obras sociales no solo impacta en la autonomía sindical, sino también en los millonarios fondos que estas entidades recibían en concepto de reintegros y subsidios. Durante la gestión de Fernández, estas transferencias alcanzaron los USD 5.472 millones, provenientes del Fondo Solidario de Redistribución.
Este fondo se nutre de aportes de trabajadores y empleadores, y es redistribuido por la Superintendencia de Servicios de Salud de manera solidaria. Sin embargo, los controles sobre estas transferencias han sido objeto de críticas, con informes que señalan deficiencias en el funcionamiento de los sistemas de control interno.
La desregulación de las obras sociales plantea nuevos desafíos y riesgos, especialmente en términos de transparencia y protección de los derechos de los afiliados. Aunque se espera que esta medida incremente la competencia y la eficiencia en la prestación de servicios de salud, también plantea interrogantes sobre la capacidad del sistema para garantizar una cobertura equitativa y de calidad para todos los trabajadores.
La nueva gestión, encabezada por el presidente Javier Milei, busca reformar el sistema de salud, aumentando la participación de las empresas de medicina privada y eliminando intermediarios sindicales en la elección de prestadores. Sin embargo, estas reformas han generado controversia y preocupación entre diversos sectores, que temen por la pérdida de derechos y el debilitamiento de las instituciones sindicales tradicionales.
En este contexto, queda por verse cómo evolucionará el sistema de salud en Argentina y cómo responderá a los desafíos y demandas de la población trabajadora en medio de un panorama político y económico complejo.