La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, fue denunciada este martes en los tribunales de Comodoro Py por el delito de abuso de autoridad, luego de haber solicitado allanamientos contra periodistas y medios de comunicación en el marco de una causa por presunto espionaje ilegal.
La presentación fue realizada por el abogado Gregorio Dalbón, quien acusó a la funcionaria de intentar “amedrentar, censurar y restringir la libertad de prensa” mediante medidas que, según sostuvo, “son manifiestamente contrarias a la Constitución y a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión”.
El lunes, Bullrich había denunciado el supuesto espionaje a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y en ese expediente pidió el allanamiento de los estudios de Carnaval Stream y de los domicilios de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, entre otros.
Además, solicitó una medida cautelar sin precedentes: la “prohibición de difusión, reproducción y/o circulación por cualquier medio de los audios y cualquier otro elemento escrito o audiovisual obtenidos en el marco de la operación ilícita denunciada, bajo apercibimiento legal”.
Para Dalbón, ese pedido constituye “un intento de censura previa, prohibida expresamente por la Constitución Nacional”. En su denuncia, reclamó que la ministra sea citada a declarar como imputada.
“La denuncia efectuada por Bullrich no solo se dirige contra periodistas concretos, sino que pretende restringir a la totalidad de los medios de comunicación y plataformas digitales, lo cual es una forma de censura indirecta y masiva”, se lee en el escrito presentado por el abogado.
Dalbón también advirtió que “el Gobierno Nacional, a través de su Ministerio de Seguridad, ha instrumentalizado la denuncia penal como herramienta de intimidación, con el objeto de amedrentar a periodistas y condicionar la libertad de prensa”.
El letrado encuadró los hechos en el delito de abuso de autoridad, al considerar que la ministra incurrió en “una extralimitación funcional”. “El pedido de allanamiento de medios de comunicación, el secuestro de equipos de trabajo y particularmente la pretensión de prohibir la difusión de información periodística configuran órdenes contrarias a la Constitución Nacional”, concluyó.