Los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio presentaron el lunes una denuncia penal ante la Cámara Criminal y Correccional Federal contra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y otros funcionarios por la presunta omisión de publicar información en la web de la Oficina Anticorrupción (OA) en el marco de la contratación de Cancillería con la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI).
La denuncia, remitida el 16 de febrero de 2026 al correo de sorteos de la Cámara Federal, incluye el escrito titulado “DENUNCIA PUBLICACIÓN STURZENEGGER Y OTROS” y solicita investigar también la actuación de María Josefina Rouillet, cónyuge del ministro y directiva de la entidad adjudicataria. Los abogados se identifican como integrantes de Reset Republicano, agrupación política del centro republicano comprometida con la lucha anticorrupción.
Según el escrito, la Subsecretaría de Coordinación y Administración Exterior dictó el 19 de enero de 2026 la Disposición 21/2026 (DI-2026-21-APN-SSCYAE#MRE), adjudicando a la AACI la Contratación Directa por Especialidad N° 26-0033-CDI25 por $114.044.133, con opción de prórroga, para la continuidad del servicio de capacitación en inglés del personal del Ministerio de Relaciones Exteriores, dentro del Plan Estratégico de Capacitación 2025–2027.
La denuncia sostiene que la disposición reconoció un “vínculo positivo” entre Rouillet y Sturzenegger y que se habrían activado los procedimientos previstos en el Decreto 202/2017, incluyendo la comunicación a la OA y a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), la sugerencia de un Pacto de Integridad y la publicación en el sitio web ministerial. Sin embargo, al 15 de febrero de 2026, los denunciantes afirman que no figuraban registros sobre la declaración jurada correspondiente en el buscador de la OA, lo que consideraron una omisión que afecta un requisito clave de transparencia.
En el escrito se encuadran los hechos en los posibles delitos de incumplimiento de deberes (artículo 248 del Código Penal) y negociaciones incompatibles con la función pública (artículo 265). También se señala que en 2024 existió un contrato similar entre los mismos actores, y se solicita verificar si correspondía actualizar la declaración jurada y si esa actualización fue publicada en la OA.
El caso se conoció luego de una investigación de la Agencia Noticias Argentinas, que reveló la adjudicación y el vínculo familiar. Ante la denuncia, el canciller Pablo Quirno negó irregularidades, aseguró que la Cancillería contrata a la AACI “desde 2018” y sostuvo que, por existir un vínculo familiar, se activó el procedimiento de integridad con intervención de la OA y la SIGEN.