Las Defensorías de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Misiones, Córdoba, Jujuy, La Pampa, Santa Fe y Santiago del Estero, junto con la Defensoría Nacional, expresaron su preocupación ante el proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil que se debate en el Congreso Nacional. Según estas instituciones, el texto actual plantea medidas que podrían retroceder en los estándares de protección de los derechos de los adolescentes.
En un comunicado conjunto, las defensorías recordaron que su postura contraria a la baja de la edad de imputabilidad se sostiene en la Constitución Nacional —que reconoce la jerarquía de los tratados internacionales de derechos humanos— y en la Convención sobre los Derechos del Niño, así como en la Ley 26.061. “Reducir la edad mínima de responsabilidad penal constituye una regresión normativa expresamente desaconsejada por los organismos internacionales de control”, señalaron.
Según los especialistas, a los 13 años los adolescentes atraviesan etapas de inmadurez neurológica y psicosocial, y son altamente vulnerables a la estigmatización y criminalización temprana.
En cuanto a las penas, las defensorías remarcan que la privación de libertad en adolescentes debe ser el último recurso, breve y orientada a la reintegración social. La previsión de condenas de hasta 20 años contradice este principio y aproxima el sistema juvenil al derecho penal de adultos, vaciando de contenido la finalidad educativa y resocializadora.
Los datos oficiales muestran que la mayoría de los delitos son cometidos por adolescentes de 16 a 18 años, mientras que los menores de 16 años representan menos del 1% de los delitos graves. Por lo tanto, la baja de la edad mínima no tiene respaldo empírico como estrategia de seguridad.
Las defensorías advierten también sobre el riesgo de que un sistema penal juvenil más punitivo termine sustituyendo políticas sociales, educativas y de cuidado, profundizando la criminalización de adolescentes de sectores vulnerables.
Como alternativa, proponen medidas socioeducativas, justicia restaurativa, mediación penal, intervención comunitaria y fortalecimiento de los sistemas de protección integral. Estas estrategias permiten responsabilizar sin criminalizar, promoviendo la inclusión social y la prevención de la reincidencia.
Finalmente, solicitan al Congreso: derogar la Ley 22.278, no reducir la edad mínima de responsabilidad penal, revisar los límites máximos de privación de libertad, fortalecer la protección integral y priorizar un modelo de justicia juvenil mínima, restaurativa y especializada, alineado con estándares internacionales.
“Una reforma del régimen penal juvenil debe evaluarse por su capacidad de proteger derechos, prevenir violencia y construir trayectorias de inclusión para las adolescencias, no por el endurecimiento de sus sanciones”, concluyeron las defensorías.