Una tormenta política sacude a Candelaria con la presentación de una denuncia por “posible incumplimiento de deberes de funcionario público, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos” contra la ministra de Acción Cooperativa, Liliana Rodríguez.
La acusación surge de los tumultuosos acontecimientos en la Asamblea de la Cooperativa de Servicios de Candelaria Limitada (COSCAL), donde se señala que Rodríguez y otros cuatro normalizadores designados por ella permitieron la usurpación de la COSCAL por un grupo vinculado al intendente Flores.
La denuncia, presentada por vecinos autoconvocados, detalla una serie de irregularidades que culminaron en la entrega de la cooperativa a individuos afines al partido político gobernante, violando el estatuto en reiteradas ocasiones. Se mencionan la ausencia de reuniones y actividades del Consejo de Administración, renuncias de autoridades clave y la formación de una Comisión Interina con vínculos directos al intendente.
La asamblea del 13 de abril, descrita como caótica y desordenada, se convirtió en un escenario de manipulación donde se aceptaron poderes sin discusión, se impidió la participación de voces disidentes y se autoproclamó ganador un sector vinculado al intendente Flores. La falta de transparencia y la pasividad de los funcionarios designados para supervisar el proceso han llevado a los denunciantes a afirmar que la COSCAL ha sido usurpada ilegalmente.
La gravedad de las acusaciones, que pueden conllevar penas de prisión e inhabilitación, refleja la profundidad de la crisis en la que se encuentra la COSCAL y la urgencia de una investigación exhaustiva para restaurar la integridad y la legitimidad de la cooperativa. Primera Edición