El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, se ha visto envuelto en una controversia por la gestión de la obra social de la provincia y su relación con Juan Alejandro Castro, propietario de una cadena de farmacias. La polémica surge a raíz de la comercialización de vacunas contra el dengue durante el pico de la epidemia.
Las vacunas y el dengue
Fuentes opositoras en Corrientes denuncian que Valdés ayudó a Castro a evitar pérdidas económicas significativas con las vacunas contra el dengue. Según estas fuentes, Farmar adquirió un gran lote de vacunas durante el pico de la epidemia, pero la demanda fue menor a la esperada. Ante el riesgo de que las vacunas expiraran, el Instituto de Obra Social de Corrientes (IOSCor), que depende del gobierno de Valdés, anunció la cobertura del 50% del costo de la vacuna para sus afiliados. Este beneficio, que supone un costo aproximado de 70 mil pesos por vacuna, está disponible exclusivamente en las farmacias de la Red Farmar, propiedad de Castro.
Influencia en la obra social de Corrientes
En Corrientes se comenta que Castro ejerce un control político sobre el IOSCor y actúa como intermediario en los negocios del organismo, incluso en aquellos que involucran a sus competidores farmacéuticos. Se asegura que la obra social tiene un convenio prioritario que obliga a sus afiliados a comprar únicamente en Farmar, mientras que otras farmacias solo pueden acceder a ventas limitadas.
Además, la farmacéutica Jufec, única proveedora del IOSCor de medicamentos oncológicos y tratamientos especiales, representa un negocio considerable para Castro. Estos contratos se realizan mediante contratación directa, sin competencia, lo cual ha generado suspicacias.
Préstamos y cuestionamientos
Castro también ha sido cuestionado por recibir préstamos millonarios del gobierno correntino para abastecerse de medicamentos que luego vendía al IOSCor. Un caso notable fue la compra supuestamente fraudulenta de un terreno valioso en el centro de Corrientes a una ONG que lo había recibido como donación del Estado provincial y que no podía disponerlo para otro fin. A pesar de la denuncia penal, la causa fue archivada.
La relación entre Valdés y Castro, junto con las decisiones del IOSCor, están bajo escrutinio, en medio de acusaciones de manejo indebido y favoritismo en la gestión de recursos de la salud pública. La controversia continúa generando debate y preocupación en la provincia. Con información de Noticias Argentinas, La Política Online y Primera Edición