Respaldado por recientes triunfos parlamentarios, el Gobierno nacional comenzó a evaluar la posibilidad de impulsar una reforma política y electoral con vistas al calendario de 2027. Aunque no existen definiciones formales, en la Casa Rosada ya se registraron conversaciones preliminares entre integrantes de la mesa chica oficialista.
El presidente Javier Milei sostiene ante su entorno que las reformas estructurales deben seguir una secuencia precisa para potenciar su impacto en el programa económico. Según esa hoja de ruta, una vez sancionada la reforma laboral —prevista para fines de febrero— el oficialismo avanzará con su proyecto impositivo, con el objetivo de generar las condiciones para encarar hacia fines de 2027 o más adelante una eventual reforma previsional.
Para que esa estrategia sea viable, en el oficialismo consideran central revalidar el poder en las elecciones presidenciales del próximo año. En ese marco, comenzaron a debatirse aspectos que exceden lo económico y se adentran en el terreno político-institucional.
“No está decidido, pero seguramente haya algo vinculado a lo electoral”, confió a este medio una fuente de acceso directo al despacho presidencial. En otra consulta, un dirigente del círculo más cercano al mandatario aseguró que vería con buenos ojos abrir el debate sobre una reforma política al inicio de las sesiones ordinarias. “No la pidió Javier. Es prioridad para todos”, afirmó.
Los ejes en estudio
Aunque no hay un proyecto consensuado, en las conversaciones preliminares aparecen tres iniciativas que generan coincidencias dentro de la conducción de La Libertad Avanza:
- Suspensión o eliminación definitiva de las PASO en 2027.
- Modificación de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos.
- Incorporación del casillero de “lista completa” en la Boleta Única Papel (BUP).
En relación con las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el calendario electoral vigente contempla su realización en 2027, ya que en 2025 solo se aprobó su suspensión por ese año y no su eliminación. El proyecto original enviado por el Ejecutivo a fines de 2024 proponía suprimirlas de manera definitiva, pero no reunió los apoyos necesarios.
En el oficialismo no descartan retomar esa iniciativa si logran ampliar su base legislativa. Argumentan, por un lado, el costo fiscal que implica organizar las primarias, en línea con la política de déficit cero. Por otro, señalan que la estructura vertical del espacio —donde la definición de candidaturas responde a la conducción partidaria encabezada por Karina Milei— reduce la necesidad de dirimir internas abiertas a nivel nacional.
La eventual eliminación de las PASO obligaría a los espacios opositores a ordenar sus candidaturas directamente para la elección general. Sectores del peronismo referenciados en el gobernador bonaerense Axel Kicillof ya analizan escenarios de confluencia para polarizar con el oficialismo en ese caso.
Cambios en la Boleta Única y en el financiamiento
Otro punto en análisis es la incorporación del casillero para votar “lista completa” en el diseño de la Boleta Única Papel que se utilizaría en 2027. Ese año, todos los distritos elegirán Presidente y Vicepresidente, parlamentarios del Mercosur y diputados nacionales, y en ocho provincias también senadores nacionales, lo que ampliará la extensión de la papeleta respecto de las legislativas anteriores.
En paralelo, el Ejecutivo podría retomar la propuesta de reforma del financiamiento partidario presentada en 2024, que contaba con el aval presidencial. Aquella iniciativa planteaba eliminar el aporte extraordinario del Estado para campañas electorales, bajo el argumento de que la Constitución garantiza el sostenimiento de los partidos pero no el financiamiento de sus campañas.
El esquema contemplaba mantener el Fondo Partidario Permanente, pero avanzar hacia un modelo con mayor participación de aportes privados. Además, se proponía modificar la Ley Orgánica de los Partidos Políticos para reducir la fragmentación del sistema.
Entre los cambios previstos figuraban: elevar del 2% al 3% el piso de votos en dos elecciones consecutivas para evitar la caducidad de una fuerza; aumentar del 0,4% al 0,5% el porcentaje de electores necesarios para constituir un partido de distrito; exigir reconocimiento en al menos diez jurisdicciones —y no cinco— para conformar un partido nacional; y establecer un mínimo cercano a los 35.000 afiliados para su existencia.
En su formulación original, el Gobierno había aclarado que esos cambios no tendrían impacto en los comicios inmediatos, sino a partir de 2026 o incluso 2029. De retomarse esa lógica, una eventual reforma aprobada en 2026 difícilmente incida de manera directa en la competencia presidencial de 2027, aunque sí podría reconfigurar el escenario político en el mediano plazo.